Aborto terapéutico y violación sexual de niñas en el Perú

Como todos los años, este 8 de marzo constituye un espacio de reflexión y reivindicación sobre los derechos de las mujeres, de mirar al pasado y agradecer por todo lo conseguido, pensar en nuestro presente y darnos cuenta de que aún falta mucho por lo que luchar, y soñar con un futuro en el que los derechos de las mujeres no se cuestionen desde el privilegio masculino.

Uno de los tantos derechos por conquistar –siempre es una lucha– es el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Esta batalla surreal de las mujeres sobre algo que naturalmente debería sernos incuestionable es una batalla social y jurídica en el Perú.

Con gran esfuerzo, en el Perú se acepta el aborto terapéutico; sin embargo, su regulación y aplicación es laxa, lo que ha dado paso a su ineficacia. Aquí debemos recordar el caso de K.L. que fue visto en instancias internacionales, donde se encontró responsable al Estado Peruano de no aplicar el aborto terapéutico y, consecuentemente, permitir un estado de tortura física y psicológica contra una mujer que esperó cerca de 15 años para recibir algo de justicia.

Pese a las exigencias internacionales, al reclamo constante de los grupos activistas de los derechos de las mujeres, casos como este se siguen repitiendo y no en todos las mujeres sobreviven para luchar por un poco de justicia. Entre estos múltiples episodios tenemos los de niñas violentadas sexualmente que han quedado embarazadas y que son obligadas por la sociedad y el Estado a llevar a término un embarazo que les puede costar su integridad física y emocional, e incluso la vida.

Hace no mucho, el 22 de febrero, se dio a conocer en la prensa nacional el caso de una menor de tan solo 10 años embarazada en la región Piura. Es decir, un caso probable de violación sexual de una menor, un caso entre cientos.

Como sociedad, cada vez que nos enteramos de una noticia tan perturbadora nos horrorizamos, juzgamos y condenamos en las redes sociales, pero al poco tiempo se nos olvida. Si bien nadie puede afirmar que nuestra sociedad ha normalizado los casos de violencia sexual contra menores, todos podemos coincidir en que hemos aprendido a convivir con ellos.

Solo en enero del 2023 el CEM ha registrado la atención de 1.855 casos de violencia sexual, de los que 1.263 son agresiones contra mujeres de entre 0 y 17 años. Las regiones que se llevan el podio en desprotección a sus niñas, niños y adolescentes son Lima metropolitana, Arequipa y Junín. Asimismo, conforme a registros administrativos del Ministerio de Salud, el número de partos en niñas menores de 15 años aumentó de 1.177 a 1.437 entre los años 2020 y 2022.

¿Qué se ha hecho como sociedad por luchar contra este problema?

Soy de la opinión que muy poco. Por el contrario, se han venido obstaculizando judicialmente los esfuerzos por prevenir los abusos sexuales a menores; por ejemplo, cuando se cuestionó la incorporación del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica desconociendo que la educación en etapas tempranas es vital para prevenir el abuso sexual en menores y, lo más reciente, cuestionando la Guía del Protocolo de Aborto Terapéutico.

Pese a las trabas para su aplicación eficaz y oportuna, el aborto terapéutico representa un rayo de luz en la oscuridad normativa que regula tiranamente el derecho de decidir de las mujeres en el Perú.

El aborto terapéutico regulado en nuestro Código Penal indica que procede la interrupción del embarazo con consentimiento de la gestante o de su representante legal cuando sea el único medio para salvarle la vida, evitarle un daño grave o un daño permanente.

Pese a ello, al tomar conocimiento de tantos casos de niñas y adolescentes embarazadas en riesgo de perder su vida, nos preguntamos: ¿Qué pasa?

Ciertos sectores de nuestra sociedad, en el afán de que niñas y adolescentes lleven sus embarazos hasta el final, han ido burocratizando y entrampando el acceso a este servicio de salud, ignorando la integridad física y mental de las menores que, en muchos casos, no sobreviven a la gestación, ya sea por las serias complicaciones de salud físicas en el desarrollo del embarazo o por la perturbación emocional que significa que una niña se vea como madre (suicidio).

¿Qué niña menor de 14 años no pone en riesgo su vida al gestar?

Más allá de estar a favor o no del aborto, creo fundamental empezar por entender que la gestación implica fuertes cambios físicos y psicológicos para los que una niña o una adolescente no está preparada. Sobre ello se debe discutir si los argumentos morales y religiosos son constitucionales y humanos para exponer la vida y la salud de una menor.

Ahora solo queda estar atentos al pronunciamiento de la Corte Suprema, esperando que esta desestime la apelación presentada por la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro en contra de la Guía del Protocolo de Aborto Terapéutico.

No podemos esperar que continúen las muertes de niñas a causa de un embarazo producto de una violación sexual. No podemos quitarle derechos, restarle oportunidades y condenar a muerte a una inocente.