Petro-Perú continúa drenando recursos públicos

Finalmente, el viernes 13 de setiembre se publicó el Decreto de Urgencia (DU) 013-2024, que vuelve a otorgar un salvavidas a Petro-Perú, que ha estado en el centro de las noticias en los últimos días debido a la renuncia total de su directorio que había estado a la espera de un dispositivo legal que recogiera su propuesta para restructurar profundamente la compañía.

Pese que a inicios de año el mismo directorio había señalado que sería “inmoral” dedicar más dinero del Tesoro Público a las actividades empresariales de Petro-Perú, finalmente se vio en la necesidad de solicitar un nuevo rescate financiero y que se le autorizara a contratar a una empresa reestructuradora. Hace pocos días, Petro-Perú se había quedado sin caja. A pesar de haberse publicado el DU, aún queda la duda sobre si el Gobierno es serio en su intención de reestructurar la empresa o si simplemente quiere “ganar tiempo” a ver si más adelante esta comienza a revertir su crítica situación financiera. Con una deuda del tamaño de 5,5 veces su patrimonio, es claro que Petro-Perú está quebrado. Pero ¿qué dispone el DU recientemente publicado y cuál sería el costo para los contribuyentes?

Lo primero es que el DU amplía el plazo para que Petro-Perú devuelva al Tesoro Público US$1.000 millones. Este tema estaba incluido en el artículo 18 del proyecto de Ley de Endeudamiento del 2025, actualmente en discusión en el Congreso, en virtud del cual el Ejecutivo quería ampliar el plazo para esta devolución hasta el 31 de diciembre del 2028. Cambiando su posición original, ahora el Gobierno ha decidido ampliar el plazo solo hasta el 31 de julio del 2025 (es decir, ya no se patea el problema al próximo gobierno). El costo de esta decisión es, lógicamente, el “costo de oportunidad” de usar ese dinero.

Otra medida se refiere a una capitalización. El DU capitaliza US$750 millones que fueron entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en octubre del 2022. Es decir, el Estado recibirá ahora papeles (acciones) en lugar de cobrar el dinero de los contribuyentes.

Por otro lado, el DU dispone que el MEF asuma obligaciones de pago que corresponden a Petro-Perú hasta finales del 2024 con dos categorías de acreedores. En primer lugar, deudas externas: pago de intereses a bonistas del exterior y pago a CESCE (agencia oficial de España). En mi opinión, esto representa aproximadamente US$100 millones, pues solo se asumen obligaciones que vencen hasta finales de año, mas no su capital. Según el DU, el MEF y Petro-Perú deben acordar cómo se devolverá este dinero, sin precisar fecha ni condiciones de repago. En segundo lugar, deuda interna de Petro-Perú con el Banco de la Nación, garantizada por la República, por US$800 millones. El MEF asume las obligaciones vinculadas a esta deuda con el Banco de la Nación y, luego de pagada la deuda por parte del MEF, esta es capitalizada. O sea, el MEF recibe papeles (acciones) en lugar de cobrar el dinero de los contribuyentes.

Por último, el DU dispone que el MEF garantice una nueva operación de préstamo del Banco de la Nación por US$1.000 millones para capital de trabajo.

Incluyendo el costo de oportunidad, la capitalización de los US$ 750 millones, las “asunciones” de ciertos pagos que corresponden a Petro-Perú y la nueva facilidad por un valor de US$1.000 millones, estimo que esto le cuesta al Tesoro Público alrededor de US$2.000 millones.

En el mediano plazo, esta situación pondrá en riesgo nuestra categoría de “grado de inversión”, con posibilidades de perderla después de tanto esfuerzo y sacrificio.