Discutamos el futuro de Petro-Perú , por Humberto Campodónico

El editorial “El negocio seguro de Petro-Perú”, del 4 de enero, tiene varias afirmaciones que es necesario aclarar. 

Se dice que, como ha caído el precio del petróleo, le será difícil a Petro-Perú financiarse. Y se agrega, si antes de la caída, la inversión en la refinería de Talara necesitaba 23 años para recuperarse, ¿cuánto tiempo se necesitará ahora? Esta pregunta supone que Petro-Perú produce petróleo. Pero supone mal, pues no produce un solo barril. 

Petro-Perú solo refina petróleo: lo compra, lo refina (dándole valor agregado) y luego vende combustibles. Su ganancia proviene de su eficiencia para lograr un adecuado margen de refinación. Si compra a US$100/barril, refina y vende obteniendo un margen adecuado, entonces tiene ganancias. Lo mismo sucede si lo compra a US$70, US$120 o US$40/barril. Ese margen compite con el precio internacional, lo que quiere decir que vende a precio de mercado. 

Como la refinería de Talara va a ser ahora más compleja (‘upgrade’ tecnológico), va a obtener mayores y mejores cantidades de combustibles que hoy. Y va a poder refinar petróleo pesado (que es mucho más barato) obteniendo un rendimiento similar al del petróleo ligero (más caro). Todo esto aumenta el margen de refinación, cualquiera que sea el precio del petróleo. 

Segundo, no es cierto que Petro-Perú venda por encima del precio internacional, lo que ha sido ampliamente demostrado (ver “A cuánto el barril de mala leche”, “La República”, 29 de diciembre del 2014). Petro-Perú ha bajado los precios internacionales, en línea con Estados Unidos. No se está perjudicando la competitividad industrial frente a otros países.

Tercero, se afirma que el suscrito proponía negocios seguros y sin riesgos, lo cual es un contrasentido (oxímoron). Esta afirmación se refiere al planteamiento de acceder a los lotes petroleros de Talara (en producción desde hace décadas), que fueron nacionalizados en 1968 (con el apoyo de El Comercio de ese entonces). Esos mismos lotes, de propiedad de Petro-Perú fueron privatizados en 1992-1993 y, ahora, están revirtiendo al Estado, a través de Perú-Petro (el dinero producto de la privatización se fue al Tesoro y no a la empresa, lo que le produjo una enorme descapitalización. Claro, el objetivo del régimen de Fujimori era la privatización). 

Este sí es un negocio tan pero tan seguro que los licenciatarios actuales han pedido que estos lotes no se liciten a su vencimiento, sino que Perú-Petro se los prorrogue por diez años más. Lo que ya obtuvieron. Nuestro planteamiento era –y sigue siendo– que dichos lotes regresen a Petro-Perú al 100% para que la empresa se fortalezca, accediendo a renta petrolera, que es la verdadera ganancia en esta industria. 

El apoyo a la estatal petrolera es el abecé de la industria mundial: el 95% de las reservas de petróleo está en manos de empresas estatales, por considerarlo un recurso estratégico internacional y nacional. Por ello, los estados impulsan a sus empresas. Los contratos en los cuales el riesgo de exploración corre por cuenta del privado –y la empresa estatal se le asocia solo cuando se encuentra petróleo– comenzaron a aplicarse en el Irán del sha en 1954 y han sido la norma hasta hoy –con algunas modificaciones–.

¿Por qué? Porque el Estado es el dueño de los recursos naturales que están en su territorio y tiene el derecho soberano de diseñar su política de hidrocarburos. 

Finalmente, las acusaciones de corrupción a Petrobras deben ser investigadas y los culpables castigados. Pero así como el fraude en que incurrieron las calificadoras de riesgo con los bonos hipotecarios basura en el 2008 (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch), señalada con claridad por el presidente Obama, no elimina la necesidad de que estas existan, lo mismo puede decirse de las estatales petroleras. Agreguemos que la falsificación deliberada de la tasa Libor de Londres por sus propios promotores tampoco implica que esta desaparezca. 

Otros temas de su editorial deben ser aclarados por la propia Petro-Perú; dejo en claro que condeno toda política de gasto impropio. Por ello, soy partidario de la venta del 20% de las acciones en la Bolsa de Valores, pues la presencia de capital privado sería un importante aporte fiscalizador (pero no la venta del 49% de la Ley 30130, que es una privatización encubierta).

Y también agradezco a vuestro editorial en señalarme, dos años después de haber dejado el cargo, como el promotor de los planteamientos expuestos (dentro de los cuales está el proyecto de Talara, que no ha sufrido cuestionamiento alguno en cuanto al diseño de ingeniería y su valoración, lo que habla bien de sus técnicos). No cejaremos en ese empeño hasta verlos realizados.