El Estado eficiente que necesitamos, por Fuad Khoury

Aspiramos a tener un Estado que funcione: ágil, eficiente y libre de corrupción. Pero ¿qué estamos haciendo para construir ese nuevo país que queremos?

La tramitología y el exceso de normas siguen siendo problemas sin resolver: tenemos cerca de 600 mil normas vigentes, cuya lectura nos tomaría unos diez años. Incluso algunas leyes tienen más de 12 años sin ser reglamentadas. 

En general, las normas bien diseñadas son una herramienta que permite al gobierno promover el desarrollo económico y generar bienestar social. Al mismo tiempo, brinda a los ciudadanos la certidumbre jurídica necesaria para adoptar decisiones y predecir sus consecuencias.

Sin embargo, cuando la regulación es de mala calidad, desproporcionada o poco transparente, los costos que genera su cumplimiento son mayores a los beneficios que trae. Afecta el crecimiento económico y la generación de empleos de calidad, promueve la informalidad y le resta competitividad a la economía, obstruyendo el acceso de las empresas a nuevos mercados e inversiones. Pero, lo más grave, es que promueve la corrupción, porque una regulación ineficiente y onerosa de cumplir propicia abusos de poder.

Un ejemplo del impacto nocivo de la sobrerregulación del Estado Peruano es que, pese a que las inversiones se triplicaron del 2004 al 2014, pasando de S/40 mil millones a S/120 mil millones, continuamos con una importante brecha en infraestructura (se calcula que al 2025, esta brecha ascendería a US$160 mil millones).

El último año, nuestro país retrocedió cuatro puestos en el Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial. En ese mismo ránking, nos ubicamos en el puesto 133 de 140 países en lo que refiere a carga regulatoria. Es decir, estamos entre los ocho países con mayor regulación entre los evaluados.

Ante el evidente impacto negativo de la sobrerregulación, existe un amplio consenso sobre la necesidad de implementar reformas que permitan sostener el crecimiento económico y contar con los recursos necesarios para reducir las brechas de cobertura y calidad de los servicios públicos a fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

Un reciente estudio de la Contraloría General de la República, “Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión”, plantea diez recomendaciones para eliminar las barreras burocráticas que afectan las inversiones y también para reducir aquellos espacios que son aprovechados para cometer actos de corrupción.

Una de las recomendaciones más importantes del estudio es iniciar un proceso de tala normativa y simplificar los procesos y procedimientos de la administración pública. Igual que otros países, debemos contar con una política regulatoria y un órgano especializado encargado de promover y supervisar la gestión regulatoria, incorporando una metodología obligatoria en el diseño de las nuevas normas. 

Con la sola implementación de esta medida estaríamos también mejorando el desempeño de los gestores o funcionarios públicos. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez el dolor de cabeza que debe significar para ellos un cambio en las normas que rigen la administración pública?

El funcionario gestiona en atención a una serie de normas que determinan su actuación. Estas normas (leyes, ordenanzas, resoluciones, decretos, directivas, instructivos, manuales, etc.) no las diseña ni aprueba la contraloría. 

La contraloría solo vela por su cumplimiento y adecuada implementación, según lo establecen sus normas. Las causas del problema no están en el control, sino en haber generado una cultura administrativa en el Estado donde se piensa que todo se resuelve emitiendo una norma nueva, la que, adicionalmente, no pasa por un correcto análisis de costo-beneficio. Un marco regulatorio engorroso y obsoleto hace más complicado el ejercicio de la función pública y, por ende, el control de dichos actos. 

Para prevenir la corrupción, necesitamos ante todo un Estado que funcione y para ello urge mejorar la calidad de nuestra regulación y establecer procedimientos sencillos y transparentes, a fin de que no se conviertan en barreras burocráticas que obstaculicen la inversión.

En nuestras manos está el poder de transformar esa visión elefantiásica del Estado en la de un halcón, veloz y eficiente, que siempre esté al servicio del ciudadano.