El Estado como promotor de desarrollo, educación y cultura, por Jorge Camacho

Cinco de cada diez escolares de Lima estudian en centros educativos privados. La educación es la clave del desarrollo y bienestar de los ciudadanos, por eso es reconocida como un derecho fundamental y definida como servicio público. A fin de año se vencerá la exoneración tributaria del Impuesto a la Renta de las asociaciones sin fines de lucro que tengan como fines la educación, la cultura, el arte, el deporte. La mayoría de las instituciones educativas privadas son asociaciones sin fines de lucro, por lo que de no prorrogarse esta exoneración tributaria se tendría un incremento en las pensiones de enseñanza.

El Estado tiene en sus manos diversos mecanismos para promover los sectores que considera estratégicos para el desarrollo nacional. La ministra de Economía, María Antonieta Alva, comentó en una entrevista, que el Ejecutivo ya prorrogó cuatro exoneraciones tributarias, entre ellas la ley del libro; y que tienen pendiente evaluar ocho exoneraciones más. Da la impresión de que no haría falta explicar a la ministra de Economía, que viene de trabajar en el sector educación, el aporte del sector educativo privado para el desarrollo del país.

Después de la nefasta experiencia del modelo ‘Estado empresario’, pasamos a una economía social de mercado, permitiendo que en diversos sectores considerados de servicio público, como es el caso de la educación, se promoviese la participación de la inversión privada. En esta nueva visión, como señala el abogado Ramón Huapaya, el Estado “no se ‘desentiende’ del servicio público, sino que lo promueve, lo impulsa, lo garantiza, busca que sea prestado, ‘hace que se preste’”, y donde el privado no llega o no es accesible a todos, el Estado suple garantizando el derecho a la educación de todos los peruanos a través de la educación pública gratuita.

El Estado gasta en la educación pública aproximadamente 1.000 dólares por alumno al año. El sector privado al educar a 2’049.166 alumnos, está ahorrándole al Estado 2.000 millones de dólares al año. Esto considerando solamente el costo operativo del servicio educativo. Si se incluyera lo que el Estado se ahorra en infraestructura, veríamos que la exoneración tributaria al sector educativo ha promovido en todo el Perú: 10.950 centros de educación inicial; 8.829 de primaria; y 5.233 de secundaria.

El investigador americano E.D. Hirsch señala que “la eficacia económica y la justicia social requieren que todos los ciudadanos compartan un amplio cuerpo de conocimiento básico adquirido en el colegio como un cimiento esencial para la comunicación y la participación en la sociedad”. Por eso, al fomentarse la iniciativa privada en educación no solamente se ahorra dinero al Estado, sino que se amplía la cobertura educativa llevando educación a lugares donde este no llega. Asimismo, la diversidad de oferta educativa garantiza el derecho de los padres a escoger la educación que quieren para sus hijos.

Por otro lado, según el censo del Minedu de este año, se han generado 156.885 puestos de trabajo docente en el sector educativo privado. Casi el 70% de los centros educativos tienen pocos alumnos, cobran pensiones de S/200 en promedio y fueron creados como asociaciones sin fines de lucro. Actualmente, todos los colegios privados enfrentan serias dificultades debido a la alta morosidad; no es difícil imaginar el impacto negativo en la economía de las familias y el riesgo de cierre de colegios si no se prorroga esta exoneración tributaria.

El que la ministra de Economía haya trabajado en el Ministerio de Educación, nos hace suponer que reconoce la importancia y el aporte de los colegios privados en la cobertura educativa, y la generación de empleo. Sin embargo, no está de más que la ministra de Educación, Flor Pablo solicite la prórroga de la exoneración tributaria del Impuesto a la Renta para asociaciones sin fines de lucro que entre sus objetivos incluyan la educación, la cultura, el arte, y el deporte. Más que un ‘Estado empresario’ necesitamos un Estado promotor de la iniciativa privada.

*El autor es director del Colegio Los Álamos, una asociación civil sin fines de lucro.