El gran reseteo, por Jorge Rosenblut y Alfredo Thorne

¿Cómo será la economía pos-COVID-19? Nosotros pensamos que todo cambió. A esto hay que añadir las protestas de los jóvenes, que se han convertido en un actor político, y exigen una agenda que los represente. La pandemia ha hecho aflorar muchas de nuestras debilidades: nos ha sido difícil llegar a los ciudadanos que padecían el virus; desconocíamos dónde estaba nuestra población vulnerable y cómo hacerle llegar las transferencias de dinero.

Más sorprendente es que al enfrentar estos problemas hemos innovado, hemos recurrido a tecnologías que no se usaban en forma masiva. Este es el caso de la digitalización; la banca digital para hacerles llegar el dinero; la telemedicina y teleeducación para llegar a los pacientes y los estudiantes. Quizás lo más sorprendente es que nuestro domicilio está dejando de ser la dirección de una casa, como lo concebíamos antes, y ahora se ha convertido en un teléfono inteligente que determina nuestra ubicación por medio de un chip y desde el cual podemos hacer todas nuestras transacciones. Se ha abierto un mundo nuevo que es casi imposible de cerrar.

Las preguntas que nos hacemos son: ¿estamos preparados para subirnos a esta ola tecnológica? ¿Necesitaríamos un cambio en la estructura administrativa del Estado para tomar ventaja de este cambio? La respuesta es que no estamos preparados y que necesitamos un gran reseteo, un rediseño de nuestra estructura administrativa. Nuestro Estado está organizado en ministerios sectoriales que heredamos de la revolución industrial del siglo XIX, cuando pensábamos que el desarrollo económico se sostenía sobre la industrialización. Esta estructura administrativa sectorial impide que las nuevas tecnologías se extiendan, que obtengan economías de escala. Esto coincide con la idea de que la productividad se basa en asimilación de nuevas tecnologías, en la libre movilidad de los factores de producción, el capital y trabajo, que por su naturaleza son escasos, y en el nivel de capacitación de nuestros trabajadores.

Pero, ¿en qué consiste el reseteo? Nuestra propuesta es modificar la estructura administrativa de sectorial a transversal. Algunos organismos ya lo son y necesitarían pocos cambios, como el MEF o la PCM, pero pensamos que la nueva estructura, que debería ser una reforma de largo alcance, se debería construir sobre la base de cinco pilares. El primero, y el más relevante, es romper con los silos de poder. La mayor restricción al cambio proviene de nuestro sistema político, que ha sido copado por pequeños grupos que buscan obtener sus beneficios económicos y obstruyen el cambio. Una reforma política que devuelva el poder al elector es urgente. Esto pasa por distritos electorales más pequeños, por un Senado con representatividad unitaria y, sobre todo, por la profesionalización de la política.

El siguiente pilar es repensar nuestro sistema de protección social. En esta nueva economía, el trabajador promedio va a transitar por muchos puestos en su vida. Quizás trabaje remotamente y podría pasar largos períodos sin empleo. Nuestro nuevo sistema de protección social tendría que ayudarlo a enfrentar estos nuevos riesgos y estar atado al trabajador y no al puesto de trabajo como sucede hoy. Por otro lado, las nuevas tecnologías nos ofrecen una gran oportunidad para formalizar siempre y cuando nuestras políticas hagan atractivo a las empresas contratar trabajadores formales, lo cual requiere sincerar los sobrecostos laborales.

El tercero es vincular al trabajador con la innovación. La posibilidad de asimilar nuevas tecnologías recae en las capacidades de los trabajadores; de ello depende que demos el gran salto productivo. Los ministerios de Trabajo han tratado por muchas décadas de proteger al trabajador formal intentando proveerlo de una estabilidad que casi no existe. Nosotros planteamos que el centro de la política laboral es que nuestros trabajadores se puedan adaptar a las nuevas tecnologías con mayor capacitación.

La atracción de capital productivo tendrá un rol crítico. Por un lado, están las políticas para atraer nuevos capitales al sector privado, pero más relevante es la atracción de nuevos capitales a la inversión en infraestructura. Partimos de que el Estado no puede financiar solo estos grandes proyectos y necesita del sector privado para hacerlo y para atraer nuevas tecnologías. Pensamos que una nueva ProInversión fortalecida y con autonomía frente a los ministerios, como se diseñó en 2017, debería tomar este liderazgo. Sus funcionarios deberían ser técnicos especializados protegidos de las interferencias políticas.

Finalmente, y quizás lo más controvertido de la propuesta, sería consolidar todos los ministerios sectoriales en un gran ministerio de la producción. No para que deje de lado la preocupación sectorial, sino para que se convierta en una preocupación transversal, que entrelace los sectores y tenga como prioridad la creación de nuevas fuentes de crecimiento, de diversificarnos de nuestras fuentes tradicionales como la minería y la agricultura, que busque que nuestras industrias se incorporen a las grandes cadenas productivas nacionales e internacionales. Esto requiere romper con el “sectorialismo”, con los regímenes tributarios o laborales especiales que se hicieron para proteger a un sector y terminaron erosionando el crecimiento, el empleo, y la productividad.