El rumbo de la voluntad política educativa

Los avances en las reformas educativas necesitan de mucha voluntad política y, por lo tanto, sus retrocesos también. Así, mientras que la agenda pública se distrae con cuestiones de confianza, la voluntad política educativa va rumbo de reducir importantes reformas cuyos avances costaron mucho en términos de esfuerzo y dinero.

Comencemos por la reforma universitaria. Durante cinco años, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) logró comprobar que un tercio de la oferta universitaria actual no cumplía con las condiciones básicas de calidad y así evitar que sigan convocando a nuevas promociones.

Lo hizo con un consejo directivo autónomo que colocó el interés superior del estudiante por encima de una turbulencia política, promovida por intereses particulares, que nunca los dejó trabajar en paz.

Luego de cumplir el hito del primer licenciamiento, ameritaría aprovechar todas las oportunidades de mejora por implementar de cara a sus siguientes retos. Pero en ninguna de estas mejoras cabe modificar la composición de sus directivos, y reemplazarlos por representantes de instituciones públicas y de las mismas universidades, ¿regulado y regulador a la vez?

Esto precisamente fue planteado por la Ley 31520 que se aprobó por insistencia en el Congreso de la República, pero que su aplicación se vio limitada por una demanda de amparo que la Sunedu interpuso ante el Poder Judicial.

El último intento por revertir este resultado vino desde el Congreso que solicitó al Tribunal Constitucional evaluar la constitucionalidad de su propia ley. Se presume que la intención sería que se declare constitucional y, con ello, obligar a revertir la decisión del juez constitucional que actualmente ampara a la Sunedu.

Si fuese así, esta táctica legal emprendida por 33 padres y madres de la patria se acercaría peligrosamente a lo que la Real Academia Española define como leguleyada: “una maniobra o recurso fraudulentos con apariencia de legalidad”.

Otra preocupación se centra en la educación intercultural bilingüe. Si la riqueza de la diversidad cultural es una de nuestras mayores promesas, no la estaríamos cumpliendo a la luz de los aprendizajes obtenidos por aquellos que hablan una lengua distinta al castellano.

En efecto, si bien los resultados en lectura y matemáticas de las escuelas con lenguas originarias han mejorado, estos siguen por debajo del promedio nacional y, dentro de ellas, los logros alcanzados por las escuelas con lenguas amazónicas, que son más diversas, tienen menores resultados que las andinas.

La voluntad del Ministerio de Educación, en vez de fortalecer estas políticas, evidenció avances y retrocesos para flexibilizar la selección de escuelas con el Modelo de Servicio de Educación Intercultural Bilingüe y la contratación de docentes que dominen estas lenguas con la justificación de realizar una contratación “oportuna”.

Finalmente, la reforma magisterial, que está a punto de cumplir 10 años, logró resultados directos e indirectos importantes. Por un lado, estableció mecanismos meritocráticos que incentivaron en los docentes procesos de mejora continua de sus habilidades.

De este modo, más de 200 mil docentes se presentaron a cada una de las pruebas de nombramiento y dentro de la carrera pública magisterial cerca de 50 mil ascendieron por lo menos una escala en esta carrera.

De manera indirecta, la mayor solidez de esta carrera basada en meritocracia, por un lado, permitió el sustento necesario ante el Ministerio de Economía y Finanzas para incrementar el piso salarial de docentes en más de un 70% durante los últimos cinco años, facilitado por un incremento constante de la asignación presupuestal a este sector.

Por otro lado, el fortalecimiento de la carrera pública magisterial alcanza un mejor posicionamiento en las expectativas de los jóvenes con mayor talento y vocación para seguir la carrera docente, derrumbando así la idea de un futuro precario para los maestros peruanos.

A pesar de ello, la voluntad política del presidente Castillo, plasmada en sus últimas declaraciones, se orienta a facilitar el ingreso de docentes a la carrera sin fortalecer la meritocracia. Este discurso preocupa cuando el Minedu está cerca de lanzar un nuevo concurso de nombramiento cuyos criterios de selección podrían relajarse.

También preocupa que el Minedu vaya a aplicar la prueba de manera autónoma, sin la participación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que cuenta con mayor experiencia y capacidad logística para asegurar la integridad de la prueba.

Al parecer se requiere mucha voluntad política para colocar el interés superior del estudiante primero. Pero cuando esa voluntad va en sentido contrario, solo existe una fuerza capaz de detenerla y es la sociedad civil organizada. Es decir, todos nosotros.