"Se necesita un acuerdo político que trascienda los colores ideológicos. La defensa de la democracia, según los que creemos en ella, implica enfrentar al narcotráfico". (Ilustración: Víctor Aguilar)
"Se necesita un acuerdo político que trascienda los colores ideológicos. La defensa de la democracia, según los que creemos en ella, implica enfrentar al narcotráfico". (Ilustración: Víctor Aguilar)
Rubén Vargas Céspedes

Somos víctimas de la presión que ejerce la demanda internacional de . Las insuficientes políticas de prevención en Europa, Asia, Sudáfrica y Brasil están ocasionando, según Naciones Unidas, el aumento de consumidores de cocaína en el mundo (20 millones al 2020). Este factor exógeno es el principal gatillador de la expansión de la ilegal y de la cocaína en el Perú. El segundo factor será el efecto globo que inexorablemente lo sufriremos como consecuencia de la intensa campaña de erradicación en la que se encuentra Colombia. El año pasado llegaron a 130 mil hectáreas y este año tendrían una cantidad similar o mayor.

Vale recordar que el salto colombiano de 45 mil hectáreas de coca a 220 mil se dio desde el 2015. El acuerdo de paz con las FARC contempló un paquete de asistencia (sustitución de cultivos, programas sociales, no erradicación, entre otros) en favor del campesino cocalero. El mensaje que llegó al campo fue: para recibir esa ayuda primero tengo que sembrar coca. Aquí la promesa de legalizar toda la coca va a tener el mismo efecto. La consigna es: “¡Para estar en el ‘padrón Bermejo’ siembra coca!”. Es más, ahora está ocurriendo. En dos meses comienza la temporada de lluvia y, gracias a la promesa de legalización que, además, encierra también la no erradicación, el próximo agosto tendremos hermosos y bastos cocales, listos para ser industrializados, pero en el monte.

Qué duda cabe, un sector del partido de gobierno ha decidido jugar con las expectativas de los campesinos cocaleros. Utilizarlos políticamente, convertirlos en masa movilizable. Para ellos el interés por la coca ilegal está muy por encima de la emergencia sanitaria o el retorno a las escuelas. En menos de cien días tienen tres proyectos de ley para legalizar toda la coca y a un ministro del Interior que prometió no erradicar. Pronto completarán el combo poniendo a la cabeza de Devida a un eterno asesor de los cocaleros.

La camarada Vilma, desde el Vraem, también está en lo suyo. Ha iniciado una cruzada nacional en defensa (armada) de la coca (y ya es la quinta vez que me amenaza). La estrategia es simple, ya lo hicieron en los 80 en el Alto Huallaga. Construirán una narrativa de ataques y calumnias para convertir a los que luchamos contra el narcoterrorismo en los agresores y ellos, más los apologistas de la coca ilegal, en los defensores del campesino.

Ahora bien, en su discurso ante el Congreso, la primera ministra Mirtha Vásquez anunció el fortalecimiento de Devida. Estamos de acuerdo. Para ello se necesita un acuerdo político que trascienda los colores ideológicos. La defensa de la democracia, según los que creemos en ella, implica enfrentar al narcotráfico. Este acuerdo político debería ser en dos temas puntuales: primero, aprobar una estrategia integral para enfrentar el problema de las drogas y la coca ilegal (especialmente en el Vraem) y dotarla de recursos y, segundo, fortalecer institucionalmente a Devida. Para el primer punto hay insumos muy importantes en la Primera Política Nacional Contra las Drogas que fue aprobada en diciembre del 2020. Lo que necesitamos es tomar la decisión de ejecutarla. Es previsible que el narcotráfico y sus quintacolumnistas reaccionen, precisamente allí se necesita la firmeza del acuerdo político. El segundo tema es central. La idea es refundar a Devida convirtiéndola en rectora en materia antidrogas. ¿La tiene ahora? No. El actual marco legal solo le asigna funciones de coordinación. Necesitamos crear una autoridad nacional contra las drogas (ANCD), con funciones claras de supervisar y monitorear los avances de las instituciones responsables de ejecutar la política contra las drogas, con atribuciones que permitan realizar el difícil trabajo de articular las metas multisectoriales. Esto permitiría, por ejemplo, exigir resultados trimestrales en la incautación de drogas, en las inversiones multisectoriales en las zonas afectadas con cultivos ilícitos, etc. La ANCD se encargaría de, por ejemplo, ajustar las clavijas a la Sunat, y a la policía, para que cumplan su función de evitar el desvío de los insumos químicos. Obviamente que la parte operativa siempre será responsabilidad de la policía especializada.

Señores del Gobierno y excelentísimo congresista Bermejo, vuestra preocupación debería ser evitar que la coca no se convierta en droga y no en legalizarla, a sabiendas que el 90% de ella se convierte en cerca de 850 toneladas de cocaína.

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