Asegurando valor por dinero en salud

Puede resultar sorprendente para algunos, pero en 1976 el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de la Alemania Federal era, a precios actuales, de US$6.621, una cifra similar a la del Perú de hoy. Sin embargo, actualmente nuestro país presenta peores indicadores de mortalidad materna, desnutrición, anemia infantil y esperanza de vida de los que tenía Alemania casi medio siglo atrás, en una época con menor tecnología y avances científicos.

El mensaje es claro: más dinero disponible para gastar no produce necesariamente grandes avances en salud, ni resuelve el tema de inequidades del gasto. Un ejemplo es que el Presupuesto Nacional del 2022 destinó un 11,3% del total a la salud y, a pesar de esto, no se ha logrado avanzar en términos de indicadores sanitarios de nuestra población vulnerable. Incluso, actualmente, la mayor parte de la mortalidad, anemia infantil, mortalidad materna e incidencia de enfermedades crónicas sigue ocurriendo en los 300 distritos más pobres del país y en zonas urbano-marginales. Es urgente detener este círculo perverso de gastar cada vez más dinero con incrementos más pequeños de resultados.

Es hora de repensar lo que queremos alcanzar en el sector salud, cómo hacerlo y actuar sin mayor postergación. Los 250.000 peruanos fallecidos en la pandemia fueron un llamado de atención sin anestesia: nuestro actual sistema de salud no da para más. Más dinero es una condición necesaria, pero no suficiente para generar más salud. El gobierno actual y los partidos políticos deben comenzar a debatir las reformas de segunda generación en salud.

El Decreto Supremo 010-2016-SA establece las disposiciones para la adecuación administrativa y contable, las IAFAS (entidades financieras y de aseguramiento en salud), regulan la separación de cuentas con relación a las IPRESS (Instituciones de Presentación de Salud). Hay que aplicar este modelo a EsSalud y el Ministerio de Salud (Minsa) que poseen los dos fondos más grandes de financiamiento público.

Los fondos son responsables de maximizar el valor por dinero; es decir, de curar más gente, evitar que se enfermen, y reducir la mortalidad temprana, al menor gasto posible. Para ello, deben constituirse, como dice la ley, en entidades de financiamiento y aseguramiento independientes. Asimismo, deben utilizar mecanismos de pago, capitados, por servicios u otros que aseguren transparencia de los servicios prestados y mayor productividad de las entidades prestadoras. Finalmente, deben identificar a los usuarios en un sistema de información completo centralizado para planificar e invertir mejor y dar respuesta a los retos de salud.

El Minsa debería hacer lo que no hace bien ahora –ser la entidad rectora del sistema– y Susalud debería ampliar su rol como regulador efectivo no solo al privado, sino también al público. Esto no es nada nuevo, se hace uso de este esquema en todos los sistemas de salud de probado éxito en el mundo, como el del Reino Unido, Corea del Sur o España, entre otros.

Esto significa dejar de pagar por insumos y pasar a pagar por resultados. No más transferencias históricas a las redes de salud que no garantizan la salud como debe de ser. Si vamos a empezar a hablar de reformas en salud, tenemos que empezar con lo básico: no habrá cambios sin nuevos arreglos de separación de funciones en prestación y financiamiento en Essalud y el Minsa, sin ajustes en la gestión y reingeniería administrativa de los establecimientos y redes públicas de salud, y sin financiamiento y monitoreo de resultados.

Solo así podremos lograr un sistema de salud universal, competitivo, integrado, regulado y equitativo, que sea transparente y que se evalúe por sus resultados sanitarios, cobertura y calidad, dándole así valor al dinero invertido. De no hacerse de esta manera, repetiremos el cuento sin final feliz, ese que nos suelen repetir nuestros candidatos a la presidencia cada cinco años.