Error de Sedapal, por Alfonso García Miró

San Juan de Lurigancho es, según el INEI, el distrito más poblado del país, un distrito emblemático que alberga a más de un millón de habitantes y con quienes hoy todos los peruanos nos solidarizamos, por su sufrimiento consecuencia de un grave error de la empresa Sedapal que nos debe llevar a algunas reflexiones.

Primera reflexión: ¿es acaso lo mismo un desastre natural que un desastre empresarial? No, las causas y consecuencias de un desastre natural no pueden ser atribuidas a personas, es imposible juzgar al sol, al mar, al viento o a la tierra por su comportamiento, solo queda prevenir y asegurarnos. En cambio, las consecuencias de un desastre empresarial sí son directamente atribuibles a la propia empresa y a sus directivos, ambos con la responsabilidad de indemnizar la propiedad destruida y el daño causado.

Por ejemplo, el desastre causado por la empresa British Petroleum en el 2010, con el derrame de petróleo del pozo Deepwater Horizon, le costó más de US$42.000 millones en arreglos judiciales y más de U$18.000 millones en multas. En total costó más de US$60.000 millones y cientos de despidos, que incluyeron a su presidente y su gerente general, consecuencia del gravísimo desastre empresarial.

Segunda reflexión: ¿es una empresa monopólica mala per se? No. Una buena regulación y un organismo regulador eficiente sustituyen los efectos de una nula competencia, vigilando que la empresa no abuse de su condición de ventaja, incentivándola a una oferta competitiva y a mantener sus inversiones, como en mercados con amplia oferta y demanda.

En el Perú, por ejemplo, las empresas que se dedican al negocio eléctrico –que son monopolios naturales– están sujetas a normas de regulación equivalentes a las de los países de la OCDE y, que sepamos, no existe en la memoria de las nuevas generaciones el recuerdo de apagones, aumentos injustificados de precio, ni desastres causados por negligencia, tal como ocurría hasta comienzos de la década del 90, antes de que estas empresas dejaran de ser públicas.

Tercera reflexión: ¿acaso que los accionistas de una empresa pública seamos todos los ciudadanos y que los accionistas de una empresa privada tan solo unos cuantos individuos las hace a ambas distintas? No, no hay razón objetiva que lo justifique.

En una empresa privada existe un sentido de propiedad y pertenencia, mediante el cual los intereses de accionistas, directivos y trabajadores se encuentran alineados con un objetivo patrimonial sustentado en la satisfacción de sus clientes, proveedores y, en general, de toda su comunidad. El solo hecho de que en una empresa pública el sentido de propiedad sea difuso, o incluso inexistente, no debería ser una condición para apartarse de ese mismo alineamiento de intereses.

Cuarta reflexión: ¿es Sedapal un caso ejemplar para justificar la existencia de las empresas públicas en el Perú? A juzgar por su trayectoria y por la opinión pública, no. Las dos empresas públicas más importantes que quedan en el Perú son Petro-Perú y Sedapal. La primera de ellas recordada por malgastar miles de millones de dólares en inútiles refinerías y por sus constantes derrames de petróleo; la segunda recordada por, cada cierto tiempo, inundar con millones de metros cúbicos de agua del desagüe las casas y narices de millones de peruanos.

Quizás la única lección que nos dan estos lamentables hechos es lo valioso de haber, en su momento, sustituido la gran mayoría de empresas públicas por nuevas y eficientes empresas privadas. Sin su existencia no podríamos apreciar la abismal diferencia ni perseverar en el acierto.

A pesar de todo ello, aún hay en el Perú un confuso conjunto de políticos, ideólogos y analistas, unidos con el común denominador de querer cambiar la actual Constitución, en particular el capítulo del régimen económico, forzándonos a regresar a la estatista Carta Magna de 1979 y su combo de empresas públicas.