Garante de la gobernabilidad, por Jorge Morelli*

El capítulo de la historia del Perú que hemos presenciado en los últimos días es un punto de inflexión que ha cambiado el escenario político de una manera definitiva.  

Ha puesto fin al gobierno dividido vigente desde el comienzo de este gobierno, un estado de cosas que había devenido en insostenible. Y ha construido un puente entre los sectores moderados de ambas orillas y asegurado la gobernabilidad hasta el bicentenario, en el 2021.  

Algunos siguen hablando de un agravamiento de la crisis. Se ahogan en un vaso de agua. El hecho es que la tormenta ha quedado atrás y el camino del país está despejado.  

El mercado es la mayor fuente de energía económica sobre la Tierra, pero necesita una economía libre, donde se puede respirar. Y, tal como hace falta una turbina para obtener electricidad de una caída de agua, el mercado necesita un arnés para ponerlo al servicio de la gente. El Estado debe proveer ese arnés. Pero en nuestra economía, trágicamente, el arnés del Estado se ha convertido en una camisa de fuerza, que ahoga la libre iniciativa de las personas. Más allá de la tempestad política, desde la perspectiva de lo que ha sido nuestra historia republicana, la tarea hoy es liberar al Perú de esa prisión. Ahora puede ser retomada. Eso es lo principal.  

Ahora bien, ¿hace falta debatir aún la legitimidad de la decisión del indulto? Téngase en cuenta lo siguiente. Dada la cardiopatía severa que padece, Alberto Fujimori necesita vivir a 15 minutos de una unidad de cuidados intensivos para recibir atención inmediata en caso de una crisis aguda, que puede ser mortal. Su prisión ya era totalmente incompatible con esa condición. 

Había tres ventanas posibles a su libertad. Una era jurisdiccional: el hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC). Las otras dos eran de naturaleza política: una ley del Congreso o el indulto presidencial. En el TC existía la posibilidad de que el hábeas corpus de la libertad que presentó Keiko Fujimori fuera concedido, pero solo luego de un procedimiento dentro de un plazo que no sería breve. Ese plazo ya no era compatible con la condición médica de la que dependía la vida del ex presidente.  

De modo que no solo la libertad sino la vida misma de Fujimori dependían del indulto presidencial o de una ley del Congreso, donde Fuerza Popular tenía mayoría absoluta. Keiko Fujimori anunció públicamente en numerosas oportunidades que no emplearía el camino de una norma legal, que en su concepto era inconstitucional. Dada esa decisión, la salida a través de la decisión de la mayoría parlamentaria estaba cerrada. La única ventana para la vida y la libertad de Alberto Fujimori, entonces, era el indulto. El presidente Kuczynski entreabrió esa ventana varias veces. Sabía que la condición médica de Fujimori no esperaría.  

Cuando tuvo la amabilidad de invitarme a conversar en agosto, le expresé al presidente Kuczynski que, en mi opinión, ese era el único camino para que su gobierno llegara hasta el 2021. La decisión ya estaba tomada, el asunto era la oportunidad. 

En la otra mano se halla el debate sobre la legitimidad de la vacancia de la Presidencia de la República presentada por la izquierda y apoyada por Fuerza Popular con la mayoría parlamentaria en el Congreso, y la legitimidad también de la decisión de restar a la oposición votos para impedir esa vacancia. Corresponde examinar aquí esas decisiones. 

Fuerza Popular fue demasiado lejos al exigir a su bancada unanimidad en un asunto de conciencia como la vacancia de la Presidencia de la República, que compromete la gobernabilidad. La bancada debió dejar la decisión a la libertad de conciencia de sus miembros. Hoy, la quiebra de la mayoría absoluta es el precio que paga por la arbitrariedad de imponer una consigna política donde lo que correspondía era una serena reflexión de conciencia. 

Si Fuerza Popular opta hoy equivocadamente por aplicar procesos disciplinarios para castigar a los congresistas que han hecho uso de su libertad de conciencia, cometerá el mismo error de cuando, dos veces, abrió proceso disciplinario a Kenji Fujimori a pesar de la carta que 23 miembros de la bancada hicieron llegar para rogarle a la presidenta del partido que considerara llevar la controversia al ámbito familiar y no hacer de ella un asunto político público. Nunca hay deslealtad en un reclamo de libertad. Y es legítimo demandar que se respete el derecho constitucional de los parlamentarios a no verse sujetos a mandato imperativo, especialmente en asuntos de libertad de conciencia o que involucran derechos fundamentales. 

Para Fuerza Popular la solución está al alcance de la mano, consiste en la reconciliación que la libertad de Alberto Fujimori representa. Pero debe venir de la mano de una reestructuración del partido. La bancada necesita ambas cosas para ser una mayoría parlamentaria con nueva visión de futuro y, a la vez, garante de la gobernabilidad en el presente. 

¿Cuál es el balance entonces de este vuelco del escenario político peruano? Habiendo recibido sin condiciones los votos para evitar la vacancia de la Presidencia de la República, y tomado de antemano la decisión del indulto, el presidente Kuczynski correspondió devolviéndole –igualmente sin condiciones– la libertad a Alberto Fujimori.  

Son dos decisiones perfectamente legítimas que nos han devuelto la gobernabilidad y cambiado para bien el destino del Perú en lo que queda de este gobierno y, quizás, más allá.

* El autor es miembro de Fuerza Popular.