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El reciente hallazgo de fosas con víctimas de Sendero Luminoso en distintas comunidades y centros poblados del distrito de San Martín de Pangoa, Satipo, pone nuevamente en la agenda pública la necesidad de dar una respuesta adecuada al drama de miles de familias que hasta hoy desconocen el paradero de sus seres queridos desaparecidos en la época de violencia.
Buscar a los desaparecidos y exhumar sus cuerpos de los sitios de entierro es una tarea compleja y no exenta de dificultades que, pese a los esfuerzos de diversos sectores del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, se ha venido postergando.
No se sabe con exactitud el número de personas desaparecidas en el período 1980-2000. El Consejo de Reparaciones ha acreditado a cerca de 8.000 personas. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que serían alrededor de 15.000. La CVR tuvo un registro nominal de 8.558 desaparecidos y un registro de más de 4.000 sitios de entierro. Muchos de ellos, como los recientemente hallados, podrían perderse con el paso del tiempo, las inclemencias climáticas, una inadecuada intervención o, lo que es una realidad mucho más triste, la muerte de algunos testigos y sobrevivientes. Todo ello pone en riesgo la preservación de evidencias y la consecuente identificación de las víctimas.
En agosto del 2013 dimos cuenta de esta grave situación y pedimos medidas urgentes para atenderla. Señalamos que se requiere de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas y de exhumación de sitios de entierro. Entre el 2002 y el 2013, el equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal recuperó 2.478 restos mortales, identificó a 1.483 personas y entregó 1.317 cuerpos a sus familiares. Todo ese trabajo se realizó con escasos recursos y mucha voluntad, pero resulta evidente que de continuar esto así requeriríamos varias décadas para dar una respuesta a todas estas familias.
Además, la labor del Ministerio Público está dirigida a determinar responsabilidades penales, lo que muchas veces deja de lado el aspecto humanitario, que también debe guiar la investigación forense. No existe un adecuado acompañamiento psicosocial a las familias. No existe una estructura dentro del Estado que atienda este tema de manera articulada, multisectorial e interdisciplinaria y con una mirada mucho más sensible y humana.
Por ello, se necesita una política específica de búsqueda, identificación y restitución de restos humanos que no se enmarque exclusivamente en el proceso penal y que atienda las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares. En suma, se trata de invertir el orden de prioridad, anteponiendo el aspecto humanitario al penal, aunque no reemplazándolo.
Con esa finalidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabajó una propuesta legislativa, con la participación de diversas instituciones y organizaciones vinculadas con el tema. Estamos seguros de que si esta propuesta se convierte en ley, permitirá contar con una política pública que atienda de manera integral esta problemática. Pero, principalmente, permitirá cerrar este proceso de dolor, angustia e incertidumbre de miles de familias que, en algunos casos, dura más de 30 años.
El país no puede seguir olvidando y desconociendo a sus desaparecidos. Sus familiares merecen una respuesta y esta no debe esperar.
