No hay solución mágica, por César Bazán Seminario

“Que salgan los militares a las calles”, “que los serenos porten armas”, “que se declare el estado de emergencia”, “necesitamos leyes más duras”. Esos son algunos de los pedidos de ciudadanos y autoridades inmersas en la realidad y el temor por ser víctimas de la delincuencia. La sabia frase popular: “Vísteme despacio que voy con prisa” nos permite reflexionar, pese a que la situación en que nos encontramos exige tomar medidas céleres. Es decir, tenemos necesidad y apuro de tomar acciones, pero lo más aconsejable es hacerlo de manera reflexiva y detenida para no cometer errores que nos harán perder tiempo.

En materia de lucha contra la delincuencia y la violencia no existen soluciones mágicas. Lo que más se aproxima es la estrategia de policía comunitario y lograr que cada componente del sistema de justicia funcione. Sin embargo, para un trabajo integral,  se requieren medidas que apunten a la prevención de la violencia, al control del delito, a la rehabilitación, a la reinserción social y a la atención de las víctimas.

Por lo dicho, la delegación de facultades al Ejecutivo no es la solución que marcará un antes y un después en la lucha contra la delincuencia. Más aun si se piensa en la medida populista de aumentar las penas. Esta propuesta tiene un impacto mínimo en la comisión del delito. Un ejemplo claro es que, desde 1998, la pena por extorsión ha sido modificada seis veces y ahora hay cadena perpetua para los infractores. La realidad: la extorsión es más visible y violenta que cuando las normas eran más benignas.

Salvo excepciones, el problema no son las leyes. Del 2013 al 2014 el Congreso emitió 17 leyes importantes sobre seguridad ciudadana, entre ellas la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley de Delitos Informáticos, y actualmente está debatiendo un nuevo Código Penal. En el 2012 el Ejecutivo, como consecuencia de otra delegación de facultades, promulgó 26 decretos legislativos sobre Interior y Defensa. Incluso algunos de los temas delegados en ese momento se han vuelto a otorgar ahora: fortalecer la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Para el sicariato, el gobierno debe hilar fino. Porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Establecer un tipo penal de sicariato puede complejizar el trabajo de prueba de los policías y fiscales y perjudicar el juzgamiento de delincuentes. Los agentes del sistema tendrán que demostrar no solo el homicidio doloso –con los agravantes correspondientes–, sino que se trató de un asesinato por encargo, con todo lo que implica demostrarlo.

Uno de los asuntos relevantes incorporados en la delegación de facultades, pero poco atendidos, es la ley de uso de la fuerza de la PNP. Este es un tema capital, porque los policías, fiscales, jueces y ciudadanos necesitamos reglas claras: saber cuándo un efectivo utilizó legítimamente la violencia y cuándo excedió ese límite. Este es un debate sano que ha promovido el propio Ministerio del Interior y que cuenta con un proyecto de ley. La propuesta está bien encaminada, aunque requiere modificaciones para no ser instrumento de impunidad. No olvidemos que esta ley se aplicará para todo. No solo cuando un policía detenga o abata a un delincuente, sino también cuando intervenga a un ciudadano inocente o reprima una protesta social.

En general, son pocas las expectativas que tenemos sobre los decretos legislativos que emitirá el gobierno para combatir la inseguridad en las postrimerías de su período presidencial. Por eso, extraña que el Ejecutivo haya insistido tanto por la delegación de facultades y que el Congreso haya cedido –con relativa facilidad– su función principal: legislar. Pareciera que presenciamos un juego político en el que se simula buscar la solución mágica para la inseguridad, pero lo que en realidad se persigue es una lucha política por la aprobación de una ciudadanía ávida de respuestas.