¿Hemos tenido un presidente lavador?, por Dino Caro Coria

La fiscalía ha ampliado el círculo de imputados del Caso Nadine Heredia para incluir nada menos que al ex presidente Ollanta Humala. Su incorporación, sin un antejuicio previo en el Congreso, ha sido posible porque el lavado de activos es un delito común y los hechos investigados son anteriores al período presidencial. En efecto, el antejuicio que lo protege hasta cinco años tras culminar su mandato (artículo 99 de la Constitución) solo rige para los delitos de función cometidos como presidente. 

Humala será entonces recordado por ser el primer ex presidente que a solo 71 días de culminar su mandato adquirió fugazmente el estatus de imputado. Esto significa que para el Ministerio Público ya existen pruebas suficientes, una fundada sospecha o causa probable, de que participó en actos de conversión o transformación de bienes de origen delictivo.

El paso de testigo a imputado no es casual. En abril de este año el ex presidente declaró ante un fiscal que las agendas eran de “propiedad conyugal” y todo lo escrito en ellas, así como el manejo de los recursos del Partido Nacionalista, respondían a órdenes suyas. Estos argumentos, sin embargo, no sirvieron para evitar que la fiscalía levante cargos concretos contra su esposa en junio, cuando formalizó la investigación preparatoria contra ella, y que ahora hayan sido usados en su contra, como una suerte de declaración autoincriminatoria. 

Y es que ambos, Humala y Heredia, según la hipótesis de la fiscalía, habrían recibido dinero de origen delictivo para permitir que Humala sea candidato presidencial en el 2006 y en el 2011. Este dinero se habría usado en los dos comicios para los gastos de campaña, pero encubriéndose en las cuentas del partido y los reportes a la ONPE con falsos aportantes.

A diferencia de la imputación de junio contra Nadine, ahora la fiscalía presenta una versión más avanzada sobre el presunto origen delictivo del dinero. En la campaña del 2006, el dinero habría sido producto de delitos de peculado (apropiación de fondos públicos) cometidos contra el Estado Venezolano, enviado por Hugo Chávez a Humala y Heredia a través de dos empresas (Inversiones Kaysamak y Venezolana de Valores) y en efectivo mediante “encomendados de confianza”. 

En el 2006 y en la campaña del 2011, la ex pareja presidencial habría recibido dinero de empresas brasileras implicadas en el Caso Lava Jato, recursos derivados de actos de corrupción ejecutados en Brasil y en el Perú, y que a la fecha se vienen investigando en ambos países. Un indicio importante para esta construcción emana del llamado “Informe de Análisis de la Policía Judicial [de Brasil] N° 24”, que refiere la existencia de anotaciones “OH” en varios documentos manejados por el señor Marcelo Odebrecht y que, para la policía de Brasil, corresponderían a Ollanta Humala y darían cuenta de presuntas entregas de dinero e incluso reuniones con el ex mandatario.

El valor de estos indicios se debatirá prontamente porque la fiscalía ha decido solicitar ante un juez la imposición de medidas restrictivas (comparecencia restringida) contra el ex presidente y que, considerando lo resuelto en cuanto a su esposa, podrá significar el pago de una caución dineraria (fianza), el impedimento de salida del país y el control biométrico (huella digital) ante el juzgado cada 30 días.

Con todo, y como escribiera en una columna publicada en este Diario en relación a Nadine hace unos meses (“Otro ajuste de tuercas”, 10/6/2016), la fiscalía ha llevado el caso a un nivel en que aún podría acopiar más pruebas, incluyendo el testimonio de nuevos colaboradores eficaces. Esto le permitiría en algunos meses llevar a Humala y Heredia y su entorno al banquillo de los acusados, de modo que se defina finalmente en un proceso público, oral y contradictorio su inocencia o eventual culpabilidad, y sepamos de ese modo si hemos tenido o no un “presidente lavador”.