IGV y crecimiento, por Ricardo Pino

En diciembre del 2014, el Congreso aprobó una serie de medidas enviadas por el Ejecutivo para reactivar nuestra economía. Entre estas, la más importante fue la reducción del Impuesto a la Renta, tanto para personas naturales como jurídicas. Sin embargo, cuando se propusieron las medidas económicas, el ministro Alonso Segura indicó que no se había considerado, en estas, la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) por el costo que eso implicaba para la caja fiscal. Según información publicada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la recaudación por el IGV, en el 2014, fue de S/.50.352 millones, por lo que cada punto de reducción de IGV nos costaría, en promedio S/.2.800 millones anuales. Como el Presupuesto General de la República para el 2015 es de S/.130.621 millones, el impacto de cada punto de reducción sería, aproximadamente, 2% del presupuesto.

Sin embargo, no es exacto indicar que una reducción del IGV implica, necesariamente, una menor recaudación. Este razonamiento ignora que un menor impuesto contribuye a incrementar las transacciones económicas. Las empresas calculan sus precios agregando el IGV al valor de venta de sus productos, por lo que, en la mayoría de los casos, la reducción del IGV reducirá el precio de los bienes y servicios. Incluso, en el caso extremo de que los precios no disminuyan, el ahorro quedaría en manos de las empresas, lo que se traduciría en mayores utilidades. Por otro lado, con esta medida se desincentiva el contrabando y se alienta la formalización de la economía.

Además de las anteriores, existen dos razones que sería importante tomar en cuenta: la primera es la incapacidad de gasto de las regiones, lo que significa dinero del Estado guardado en bóvedas que debería estar siendo invertido en beneficio de la población, sobre todo de los más necesitados. La otra razón es el alza del tipo de cambio, que ha encarecido los bienes y servicios importados, disminuyendo relativamente el poder adquisitivo de la población. Una reducción del IGV contribuiría a compensar estos efectos negativos que hoy impactan nuestra economía. 

Finalmente, no debemos olvidar que, en marzo del 2011, el Estado redujo el IGV de 19% a 18%. La recaudación por el IGV, medida incluso como porcentaje del producto bruto interno (PBI), no solo no se redujo, sino que continuó incrementándose como lo ha venido haciendo la última década. Así, según información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú, la recaudación por el IGV pasó de 8,2% del PBI el 2010 a 8,7% el 2014.

Hoy tenemos una presión tributaria de 16,5% del PBI, cuando el 2006 era de 15,1%, lo que habla muy bien del trabajo de la Sunat. Este aumento debería ir de la mano con un ordenamiento de la estructura tributaria, pues el IGV grava el consumo, mientras que el Impuesto a la Renta grava las ganancias. El IGV podría reducirse gradualmente en la medida que sigamos aumentando la eficiencia en la recaudación. 

En el escenario actual, de apatía por la inversión, incertidumbre por el inicio de la contienda electoral, precios bajos de los minerales y cambios climáticos que afectan la producción, la reducción del IGV podría contribuir a impulsar el consumo en el corto plazo y, con ello, el crecimiento de la economía.