Un letal pájaro de fuego sobrevuela el Perú

Mientras el Perú y otras naciones sudamericanas enfrentan sus agitadas coyunturas locales, múltiples zonas boscosas, páramos y laderas montañosas de estos países son arrasados por inclementes lenguas de fuego. Nunca este tipo de incendios se había presentado en la magnitud e intensidad con la que ahora lo hace: a las inundaciones, sismos, aluviones, friajes y tsunamis, se añaden estos incandescentes fenómenos que devastan amplios y fértiles ecosistemas, cuyos servicios ambientales (captura de carbono, protección de biodiversidad, disminución de escorrentías, etc.) se verán anulados por mucho tiempo.

Transcurridas varias semanas desde que los medios encendieron las alarmas, el avance impetuoso de llamaradas y humaredas ya había alcanzado a 22 regiones del país sin que el Gobierno Central asumiera un papel proactivo ante dichas calamidades, como si su gravedad no mereciese asistencia oportuna. Obligado por la presión social y política, Amazonas, San Martín y Ucayali fueron declaradas en emergencia, mientras otras regiones no amazónicas también afectadas reclaman por igual tratamiento.

Según informó El Comercio, en lo que va del año se han identificado 248 incendios forestales a escala nacional, de los que 51 están activos en diversos pisos ecológicos de la sierra y selva. En el ámbito sudamericano, como indica el mismo Diario, estos candentes fenómenos han incinerado bosques y matorrales en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. Sin embargo, estamos ante un problema mundial, pues otros continentes ya han venido padeciendo el mismo problema, convirtiéndose en un desafío cada vez más portentoso a medida que entramos al punto de no retorno en el contexto de la ebullición global, al decir del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Volviendo al Perú, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) notificó que entre el 2021 y el 2024 se reportaron 1.057 focos de este tipo de incendios. Hasta esta edición, se informa de 18 fallecimientos y 155 personas heridas, cifras que seguramente irán en aumento, pues faltan dos meses para el fin de la temporada seca. Si esto es así, ¿por qué estos desastres no concitan la inmediata atención gubernamental? ¿Tiene el país las capacidades logísticas para responder a estas emergencias de forma oportuna?

Junto a la falsa percepción de que se trata de calamidades que impactan en zonas relativamente poco pobladas y periféricas, no parece haber una lectura adecuada del problema, bajo la idea de que bastaría con los gobiernos subnacionales para una respuesta eficaz: a la inexperiencia gubernamental frente a estos eventos, se suman la terrible falta de recursos, equipamiento y personal, y la inexistencia de planes de prevención adecuados. Por añadidura, recién se está elaborando el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027. Y, en cuanto a recursos humanos, el número de bomberos especializados en áreas protegidas es irrisorio. A lo anterior se añaden las dudosas e inconsistentes estadísticas manejadas por los organismos públicos, que generan interpretaciones contradictorias de la situación. Se entiende, entonces, el vacilante abordaje mostrado por el Gobierno Central desde el inicio de la crisis.

En realidad, la prevalencia de incendios forestales no es algo nuevo en el país. Lo que sí puede ser nuevo es su frecuencia, intensidad y dinámica multiplicadora, pues hoy se los nota más amenazantes y presentes en nuestro territorio que carece de un criterio de zonificación del riesgo y de las vulnerabilidades, donde la quema agrícola no controlada o la deforestación ilegal propician su ocurrencia.

Frente a la tesis del origen humano de estos siniestros, no hay motivos para creer que las viejas prácticas agrícolas se hayan multiplicado tremendamente de un momento a otro, por lo que más razonable es pensar que hay elementos de carácter físico y climático que explican la masiva irrupción de deflagraciones en ecosistemas de gran fragilidad. Por ello, es poco responsable sindicar a supuestas “prácticas ancestrales” de pobladores y agricultores como las causantes de los focos de combustión, cuando lo que se debiera hacer es identificar las causas estructurales de su propagación y de su no atención preventiva. Las protestas sociales contra el Gobierno ya se han activado, mientras sus operadores no parecen entender que quien con fuego juega con fuego se quema.