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En Chile hemos desarrollado diversas herramientas para combatir la corrupción. En primer lugar, hemos trabajado esencialmente en la coordinación interinstitucional. Para ello, hemos fomentado, a través del aporte del Banco Interamericano, una red de trabajo muy activa que se ha materializado en un portal anticorrupción donde participa la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, que persigue los delitos y las acciones penales en materia anticorrupción, y el Consejo de Defensa de Estado, que es la entidad a cargo de la acción penal pública ante los tribunales de delitos anticorrupción.
En ese contexto, estamos ampliando esta red a otras entidades vinculadas al tema de corrupción y lavado de dinero, particularmente la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía Nacional Económica. Esta coordinación ha sido una herramienta muy importante y trascendente para evitar la proliferación de múltiples órganos que al final solo superponen competencias en un tema esencial como es la lucha contra la corrupción.
El segundo vehículo utilizado para la lucha anticorrupción es más activo y está dirigido al ciudadano. Hemos habilitado un portal denominado “Contraloría y Ciudadano”, que permite realizar denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades. El ciudadano recibe una respuesta dentro de los 10 días siguientes de presentada su denuncia y, dependiendo de la gravedad o magnitud del caso, estas pueden ser consideradas para la labor de fiscalización anual u otros operativos.
Una tercera vía empleada es la cooperación con otras contralorías para la implementación de buenas prácticas. Por ejemplo, hemos contado con la cooperación técnica de la Contraloría General de Perú para la implementación de un sistema de registro de obras públicas, similar al portal Infobras-Perú, el cual también está vinculado a la denuncia ciudadana.
El desafío, tanto de las entidades como de la Contraloría, es precisamente poner un aval de contención para que la corrupción vaya aminorando y no siga creciendo, porque esta daña la credibilidad y la confianza en las instituciones, y afecta, además, tremendamente el crecimiento económico, social y distributivo.
Durante mi gestión hemos evitado que la corrupción aumente. Sin embargo, estamos preocupados por el crecimiento de la percepción de desconfianza en las instituciones, que es un fenómeno generalizado en nuestra región. Esta percepción no es responsabilidad de las contralorías, es responsabilidad de todo ente estatal, del funcionamiento de la política y de los parlamentos.
Las contralorías nos hemos adelantado al tema de la crisis de confianza. Para ello, hemos sido oportunamente reaccionarios, creando instrumentos que tiendan de manera eficaz y eficiente a que la gente conozca la labor de fiscalización que realizamos y sepa que hay un lugar a dónde pueden acudir cuando hay una mala práctica en la administración pública. Esto es lo que ha sucedido en Chile.
Según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, estamos ubicados en un lugar bastante bueno a nivel mundial. Como estamos tratando de mantenernos en ese nivel, y eso requiere de esfuerzo y determinación.
