La estructura criminal incompleta

El crimen organizado en el Perú ha cobrado particular protagonismo durante los últimos años, especialmente los vinculados a los mercados ilegales y a los crímenes predatorios. Ambos fenómenos delictivos originan, a su vez, delitos conexos como el sicariato y el lavado de activos. Este problema comenzó en la franja costera y ahora está desbordado a nivel nacional. Es más, en algunas regiones empiezan a generarse territorios liberados.

La historia nos dice que en el Perú la corrupción en el poder es endémica. Según la Contraloría General de la República, en el 2021 las pérdidas económicas por este problema superaron los S/24 mil millones, y es lógico que se formen organizaciones criminales en torno de ella. Pedro Castillo, según la fiscalía, decidió formar su propia estructura criminal inmediatamente después de pasar a la segunda vuelta. Entonces, el problema no era ideológico, sino que, antes de llegar al poder, ya estaba genéticamente malogrado.

En efecto, se necesitó poco más de tres meses para que los equipos especiales de la fiscalía y la Policía Nacional encontraran “graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el poder”. Como en todo fenómeno criminal, estas van complejizándose (en sus funciones y estructura) a medida de que los ‘business’ avancen. En la que lideraría el presidente, la fiscalía ha encontrado cuatro brazos operativos. Voy a detenerme en el denominado brazo “obstruccionista”, desde el que se realizaron campañas difamatorias contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el objetivo de poner en tela de juicio su idoneidad. Asimismo, este brazo operativo habría ayudado a miembros de la organización a pasar a la clandestinidad.

Sin embargo, si analizamos con más detenimiento las conductas sistemáticamente obstruccionistas de los funcionarios que fueron colocados por el llamado ‘Gabinete en la sombra’, vamos a concluir que no están todos los que son. Veamos, el ministro del Interior puso como director de la Digimin a un general en retiro que públicamente tenía animadversión contra el coronel Harvey Colchado, con la finalidad de hostigarlo, de evitar que use fondos en el trabajo del equipo especial y para cuestionar la legalidad del mencionado equipo, arguyendo que no tiene competencia en la inteligencia táctica contra la criminalidad, a pesar de que el marco legal del Mininter dice lo contrario. Todo lo anterior suena al llamado “plan Colchado”, ¿cierto? Hay más, el director de inteligencia intentó sacar a Colchado de la Dirección de Búsqueda, la reacción de la opinión pública le hizo recular. Cambiaron al director de la Digimin, el nuevo (el coronel en retiro Carlos Cabrejo) es uno de los procesados por el caso del ‘Escuadrón de la muerte’. El papel que está cumpliendo es igual al del anterior: intimidar, presionar y hostigar.

Inmediatamente después de la operación Valkiria II, Cabrejo ordenó, con aquiescencia del viceministro de Orden Interno, la reducción del presupuesto a la dirección de Colchado, con lo que obstaculizó que sigan investigando a la corrupción en el poder. No solo eso, también ordenó a la dirección de Asuntos Internos, que depende del ministro del Interior, investigar a los coroneles que integran el equipo especial por haber participado en el video de un discurso de la fiscal de la Nación.

La denuncia presentada por la fiscal Marita Barreto contra estos personajes no es suficiente. No estamos frente a una decisión aislada de quitar fondos, sino a una larga lista de conductas obstruccionistas y de abusos de poder planificados contra Colchado y los integrantes de su equipo con la clara intención de que no avancen las investigaciones. El brazo “obstruccionista” es más largo de lo que nos han presentado y la fiscalía debería proteger mejor a su equipo policial.