El beneficiario final, por Enrique Castellanos

Para combatir el lavado de dinero, iniciativas como la supervisión de las cooperativas por parte de la SBS deben ser implementadas cuanto antes. Pero no perdamos de vista que el total de activos de las cooperativas de ahorro –según las estadísticas disponibles– equivale solo al 2% de todo el sistema financiero.

Entonces, nos preguntamos: ¿acaso tenemos bien controlado el restante noventa y tantos por ciento del sistema? Parecería que sí. Pues si una persona va a una ventanilla bancaria y deposita en efectivo más de diez mil soles, probablemente se active una alerta y su cuenta sea notificada a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.

Sin embargo, cualquier organización criminal medianamente ilustrada conoce esto y nunca deposita grandes cantidades de cash en la banca. Estas saben que existen formas no tan difíciles y mucho más efectivas para lavar dinero: hacer negocios lícitos intensivos en el uso de efectivo (casinos, joyerías, casas de cambio, comercializadoras y negocios de construcción) mediante una estructura de empresas debidamente constituidas. Es decir, constituir varias sociedades anónimas pequeñas (llamado ‘pitufeo’) y en varias capas, donde una empresa es dueña de otra. Este ‘pitufeo’ y las varias capas crearán el llamado ‘velo corporativo’ y evitarán que los nombres de los dueños reales del negocio queden expuestos a mayores escrutinios.

Por lo anterior, ya hace varios años los principales organismos reguladores internacionales, entre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al cual el Perú aspira pertenecer, ha incorporado el concepto de Ultimate Beneficial Owner o beneficiario final o efectivo dentro de sus normas antilavado de activos.

Este concepto de beneficiario final es muy amplio y poderoso, pues no solo incorpora al accionista inmediato de una empresa, sino que incluye a todas aquellas personas naturales que, al final de la cadena de estructuras societarias, son los dueños, controlan o se benefician, directa o indirectamente, de ella. Este concepto está pensado para que todo funcionario bancario esté obligado a mirar a través de cualquier estructura jurídica, llámese fundación, holding o trust y averigüe quiénes son las personas de “carne y hueso” beneficiarias reales al final de la cadena. Por ejemplo, en los casos de los ex presidentes Alejandro Toledo o Pedro Pablo Kuczynski, si se les comprueba que se aprovechaban de las empresas con las que se les relaciona, a pesar de no ser propietarios directos, también calificarían como beneficiarios finales de estas.

Desafortunadamente, el beneficiario final es un concepto que aún no se incorpora en la regulación de nuestro sistema financiero. Cuando alguien solicita la apertura de una cuenta bancaria para una empresa, el sectorista se enfoca en recabar los documentos legales (estatutos, poderes, firmas) y estados financieros de ella, pero poco esfuerzo realiza en hurgar en quienes son todas las personas de “carne y hueso” que controlan, usufructúan o se benefician de estas empresas. Si bien la regulación de la SBS establece que las entidades financieras están obligadas a “conocer a sus clientes”, este principio no está normado con el suficiente detalle, no es auditado con la suficiente rigurosidad y, por lo tanto, su aplicación real en nuestro sistema financiero deja muchísimo que desear.

Por definición, el lavado de dinero en una economía ocurre al interior –y no afuera– de su sistema financiero. Es como un cáncer que crece por dentro, muta y que una vez que hace metástasis es muy difícil de extirpar. Nuestros mayores problemas de lavado de dinero están precisamente en el llamado sector formal, empresas legalmente constituidas (especialmente el segmento de pequeñas y medianas) que ya operan con la banca y que, con el paso del tiempo, se convierten en “respetables corporaciones”.

Está bien regular a las cooperativas, pero no hay que irse hasta el Vraem para luchar contra el lavado de dinero; basta mirar bien y analizar los negocios y establecimientos que de un día a otro aparecen en nuestras principales ciudades. Esto es lo más grande. La SBS tiene el mandato, las herramientas y la capacidad para incorporar el concepto de beneficiario final en su labor cotidiana de supervisión sin problemas. Después de todo, si queremos ser miembros de la OCDE, combatir el lavado de activos es una de nuestras tantas tareas pendientes.