El señor Daniel Mora ha denunciado que la Universidad Sergio Bernales ha hecho pagos indebidos al Conafu. Nosotros rechazamos de plano esta acusación, y exigimos que el señor Mora presente las pruebas pertinentes que demuestren lo contrario. Todos los pagos que han sido efectuados obedecen a tasas oficiales del TUPA.
La razón por la que no hemos dado autorización definitiva a la Universidad Sergio Bernales se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 15 de junio del 2010 recaída en el expediente N° 17-2008/PI/TC y en su aclaratoria de fecha 25 de julio del 2010. Esta señala: “El Conafu se encuentra impedido de emitir resoluciones que autoricen el funcionamiento provisional o definitivo de una universidad o de una escuela de posgrado”.
Reafirmo también como consejero que las universidades autorizadas por Conafu cumplen con los estándares mínimos de calidad y ninguna universidad ha sido creada sin cumplirlos.
Durante los 19 años de vida institucional, el Conafu ha dado autorización definitiva a 19 universidades que hoy prestan valioso servicio a los estudiantes que se forman en ellas y que se están preparando para servir al país. Reconocemos también que todas las universidades no tienen el mismo nivel académico debido a la gestión y al impulso que cada entidad promotora pone en la universidad.
El Conafu ha ratificado y autorizado solamente a 37 filiales en todo el país por haber cumplido con los estándares exigidos y desde el 2009 las filiales no dependen de este organismo.
En la actualidad hay, además, 53 universidades que tienen autorización provisional de funcionamiento, de ellas son 43 de iniciativa privada y 10 creadas por ley del Congreso de la República.
A pesar de que existen 76 universidades autónomas y 53 con funcionamiento provisional, este número de universidades tiene pocos estudiantes en total. Es así que debemos reparar en que la discusión sobre las universidades peruanas debe centrarse, además de en el número de ellas, en el número de estudiantes universitarios. Aquí somos deficitarios, incluso comparándonos con nuestros países vecinos.
Según estándares internacionales, nuestro país debería tener un promedio de 6 mil estudiantes universitarios por cada 100 mil habitantes y solo tenemos 2.500. Sin la intervención privada el número de estudiantes universitarios sería solo de 310 mil; es decir, habría 1.000 estudiantes por cada 100 mil habitantes. Todo esto se traduce, además, en que la población más necesitada y alejada de los principales centros urbanos no cuenta con capital humano para garantizar su desarrollo.
A esto deberíamos sumarle algo que parece no estar siendo tomado en cuenta en la discusión sobre la nueva ley universitaria. Nos referimos a que las necesidades de la población peruana son diferentes en las distintas regiones del país; por tanto, las universidades no pueden ni deben ser objeto de un solo modelo, sino que deben adecuarse a la realidad de cada región porque su labor principal es generar nuevos conocimientos a través de la investigación y proporcionar recursos humanos calificados.
En nuestro país se viene maltratando hace meses a la universidad peruana con el pretexto de mejorar su calidad. No hay necesidad de este maltrato, ya que los docentes universitarios estamos en el proceso de buscar la excelencia académica.