Imaginar un sistema de transporte público para Lima y el Callao administrado por una empresa, con buses modernos y choferes formalmente empleados puede parecer una utopía, pero hace menos de 40 años funcionaba en nuestra ciudad. Los buses color mostaza de Enatru Perú circulaban por las avenidas y destacaban en los carriles exclusivos de la Vía Expresa Paseo de la República. Se dice que el gran urbanista brasileño Jaime Lerner se inspiró en ellos para diseñar el sistema que llevaría a Curitiba a la cima del urbanismo latinoamericano: la Red Integrada de Transporte que, años después, se implementaría aquí con el nombre de Metropolitano.
Hacia finales de los años 80, Enatru Perú estaba en una profunda crisis y la solución que se planteó en el gobierno de Alberto Fujimori fue liquidarla. Se desmanteló la empresa, se liberaron las rutas y se flexibilizaron los estándares para las unidades de transporte. Lo que al inicio pareció una mejora, pronto se tornó en la pesadilla que hoy vivimos. En poco tiempo colapsaron las vías y se incrementaron dramáticamente los accidentes y las muertes.
En la gestión de Susana Villarán se intentó implementar, aunque con deficiencias, un Sistema Integrado de Transporte (SIT), que se basaría en una moderna red de metros, metropolitanos y corredores físicamente integrados y con un único medio de pago. El siguiente alcalde, Luis Castañeda, paralizó la reforma y mantuvo el sistema de concesiones. Tal fue la frustración de los limeños, que desde el Congreso se pensó que la mejor solución sería crear una Autoridad del Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU), con las competencias y autonomía para poder promover una reforma integral sin tener que depender de los vaivenes políticos y de los conflictos entre ambas regiones. Por esta razón, se le dio a la presidencia ejecutiva la seguridad de poder contar con un mínimo de cinco años de gestión. Con la reciente modificación de su reglamento, que habilitó el despido de María Jara por haber “perdido la confianza” del Gobierno, hemos retrocedido, una vez más, en el intento de ordenar el caos en el que vivimos.
En este punto creo importante que hagamos una pausa para preguntarnos en qué hemos fallado. Considero que el principal error ha sido no decidirnos por un sistema de gestión, ya sea municipal o nacional, que tenga la autoridad, la autonomía y los recursos suficientes para poder planificar e implementar un proyecto de ciudad que incluya al transporte y al resto de sistemas. Ninguna metrópoli del mundo moderno funciona con el nivel de fragmentación de gobierno que tiene Lima: la planificación, gestión del suelo y vías dividida en dos municipalidades, el transporte en manos de la ATU, el recojo de basura y el serenazgo atomizado en 50 distritos.
La entidad que naturalmente debiera concentrar la mayoría de estas competencias es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), principalmente porque administra el 95% del territorio, el 90% de la población y del PBI. Para ello, debiera tener la rectoría en la planificación de la metrópoli nacional, la mayoría en el directorio de la ATU, y una mayor capacidad de acción sobre algunas competencias distritales. Todo esto acompañado de los recursos suficientes para poder gestionar e implementar las obras programadas, y la autorización para poder realizar las expropiaciones que estas demanden.
Esto último no debiera ser un problema, pues actualmente el Gobierno Central gasta en infraestructura y equipamientos aproximadamente 45 veces el presupuesto de la MML dentro del territorio metropolitano, y esta diferencia se ampliará aún más cuando se inicie la ejecución de la línea 3 del metro y el recientemente anunciado anillo vial periférico. Debería llamarnos la atención que estas grandes obras sean anunciadas por el Ejecutivo y no por ambas municipalidades.
Lima y el Callao pueden convertirse en una “potencia mundial” del urbanismo. Está en nuestras manos dejar de lado los intereses personales y partidarios, y apostar por el fortalecimiento de la gobernanza de la ciudad capital.