Ni muy muy, ni tan tan, por Manuel Quindimil

El Nafta (North American Free Trade Agreement) es el acuerdo de libre comercio que une a Canadá, Estados Unidos y México. Desde que entró en vigor en 1994, el comercio entre los países miembros se ha cuadruplicado, beneficiados por la eliminación de las barreras comerciales. 

Sin embargo, durante su campaña electoral, Donald Trump se refirió al Nafta como “el peor tratado comercial que pudo haber firmado su país”. Su crítica estaba motivada, sostenía, en la pérdida de empleo que se había generado en EE.UU. con motivo de la eliminación de las trabas a las exportaciones mexicanas. En ese sentido, Trump prometió que una de sus primeras medidas al asumir la presidencia sería renegociar el Nafta.

Así, ganadas las elecciones, se generó una gran expectativa sobre cómo se iría a reescribir este acuerdo comercial. No obstante, a pesar de haber tenido esta retórica contra el Nafta, los lineamientos de negociación que recientemente envió el presidente Trump al Congreso estadounidense contienen preceptos mucho menos radicales de lo esperado. El contenido de esta carta incluso ha generado que el “Wall Street Journal” califique los cambios propuestos como “modestos”, en comparación a lo que se esperaba de la administración Trump. Aun así, todavía no se puede augurar que la negociación será rápida y sencilla.

Como principios fundamentales, el documento resalta que los acuerdos comerciales deben beneficiar sobre todo a las empresas, granjeros, trabajadores y familias norteamericanas. Así también, deja claro que todo tratado debe promover el empleo, reforzar la base industrial y ayudar a expandir la exportación de bienes a sus socios comerciales.

Luego, con el fin de protegerse de las importaciones provenientes de sus socios comerciales, se ha mantenido incólume la posibilidad de utilizar las medidas antidumping y derechos compensatorios.

En líneas generales –y paradójicamente– los objetivos de la negociación siguen el molde del Acuerdo Transpacífico (TPP), el mismo que fue vilipendiado por Trump durante su campaña y que terminó con el retiro de EE.UU. (principal país impulsor) de la alianza en una de sus primeras acciones en la Casa Blanca. La inclusión de disciplinas en materia de comercio digital, libre flujo de datos transfronterizos, medidas anticorrupción y eliminación de las distorsiones generadas por las empresas del Estado (o controladas por el Estado), coherencia regulatoria y la intención de asegurar el acceso a los beneficios del acuerdo comercial indican que lo negociado en el TPP no fue en vano y que este será un modelo para negociaciones futuras.

Los temas más sensibles que serán materia de duras negociaciones son la reforma tributaria norteamericana, las salvaguardias, las normas de origen y las compras públicas.

El establecimiento de un mecanismo para restituir los aranceles de importación –en caso el aumento de las importaciones dañe seriamente a un sector industrial– constituye una gran preocupación para los negociadores mexicanos y canadienses. 

Renegociar normas de origen más inflexibles por parte de EE.UU. ha generado mucho recelo entre sus socios comerciales. La propuesta de Trump consiste en que las normas de origen se endurezcan, a través de mayores exigencias, a fin de que los insumos o repuestos estadounidenses sean utilizados para cumplir con dichas reglas.

El anuncio de la utilización de una política agresiva del ‘Buy American’ en las compras públicas realizadas por el Gobierno Estadounidense, en donde se discrimina en favor de los postores nacionales, también anticipa un campo de renegociación muy arduo.

A pesar de esta señal positiva para la renegociación, hace unos días el mismísimo Trump amagó con retirarse del Nafta debido a la tensión comercial generada con Canadá por las barreras existentes en los sectores de productos lácteos y de madera blanda. Esta amenaza fue dejada sin efecto el día posterior, a través de una declaración de la administración estadounidense que por el momento EE.UU. no pensaba abandonar el Nafta.

Cabe mencionar que la renegociación por parte de EE.UU. debiera iniciarse a los 90 días posteriores de que el nuevo gobierno notifique al Congreso sobre su intención de iniciarla. El resultado de esta renegociación será de vital importancia para el diseño de las reglas del comercio internacional a futuro.