"La jornada diaria se remonta por encima de las 12 horas, el sueldo es muy bajo y, lo peor, el trato es altamente agresivo". (Foto: Archivo)
"La jornada diaria se remonta por encima de las 12 horas, el sueldo es muy bajo y, lo peor, el trato es altamente agresivo". (Foto: Archivo)
Leda Pérez

Profesora e investigadora en la Universidad del Pacífico

Hace un año que, con mis colegas de la Universidad del Pacífico, venimos estudiando la en nuestro país, buscando entender cuáles son sus experiencias migratorias, tanto a nivel colectivo como también desagregadas por género. Con la reciente decisión del de requerir visas para estos migrantes –legalmente refugiados–, comparto aquí algo de lo que hemos aprendido hasta ahora, en aras de reflexionar sobre algunos de los temas de fondo.

Algo que va saliendo de manera recurrente en nuestra investigación es la necesidad urgente de las y los venezolanos de asegurar, para sus familias y para ellos mismos, algún trabajo que permita satisfacer necesidades básicas como las de la alimentación y la salud, superando la situación de incertidumbre de ingresos y de abastecimiento que vivían en Venezuela. En este sentido, todas las personas con las que hemos hablado –sin excepción– manifiestan la imperiosa necesidad de trabajar casi desde el momento en el que pisan el suelo peruano. Es clarísimo que al momento de cruzar la frontera, la misión es una: sobrevivir para ellos y para sus seres queridos, en muchos casos sus hijos, que pueden estar acá con ellos o haberse quedado en Venezuela.

Los testimonios recogidos también indican que, en la mayor parte de los casos, los y las migrantes solamente logran acceder a trabajos informales. Sabemos que esta situación puede ocasionar preocupación en la población peruana, pues alrededor del 70% de nuestra fuerza laboral trabaja en la y precariedad. Quienes hoy ocupan los trabajos informales en el mercado laboral peruano experimentan, con seguridad, la llegada de mano de obra barata venezolana como una competencia injusta por empleos limitados que son “robados” por “otros” y “otras” que llegan desde fuera.

Pero también hay que preguntarnos por qué el sector informal es el pan de cada día aquí, e interrogarnos sobre cómo la migración venezolana representa para muchos patrones nacionales la posibilidad de explotar a un nuevo trabajador o trabajadora en condiciones laborales peores que aquellas que enfrentaban los y las peruanas que estos desplazan.

Hemos encontrado, por ejemplo, que la mayoría de las venezolanas que entrevistamos hasta ahora han tenido alguna experiencia en el Perú con el trabajo doméstico remunerado, sin haber tenido la misma experiencia en su propio país. Pero estas mismas mujeres, en su mayoría, tienen un nivel educativo y habilidades que podrían ser empleadas en otros trabajos (entre ellas, una abogada, por ejemplo). Sin embargo, al mercado no le interesan sus calificaciones. Lo que pareciera primar es su grado de vulnerabilidad. Asimismo, en un grupo focal con hombres, la mayoría de ellos padres, hemos recogido experiencias de explotación. Uno de ellos, que era policía en su país, hoy es uno de los únicos dos venezolanos varones empleados en un hotel de tamaño medio. La jornada diaria se remonta por encima de las 12 horas, el sueldo es muy bajo y, lo peor, el trato es altamente agresivo. Este mismo señor comentaba que su esposa trabaja en un restaurante, también por encima de las 12 horas diarias, y gana por debajo del sueldo mínimo vital, y describía, además, su condición como una de agotamiento.

Entonces el meollo del asunto no es que existan personas (en este caso migrantes venezolanos) que necesitan trabajar casi en cualquier condición, sino la existencia de un mercado laboral informal que carece de los controles necesarios para evitar la explotación laboral, sea esta peruana o venezolana.

En lugar de cerrar puertas, esta migración puede abrir el espacio para una discusión más profunda –y profundamente necesaria– acerca de la situación laboral de la mayoría de peruanos y peruanas. ¿Cómo transitamos hacia la formalidad?

La actual decisión del Gobierno Peruano de pedir, desde hoy, visas a personas que legalmente deberían reconocer como refugiados, protegidos por el Convenio de Cartagena y la propia legislación peruana respecto a su posición frente a refugiados en búsqueda de apoyo humanitario, no resolverá los temas de fondo. Personas que necesitan sobrevivir van a emigrar de su país e ingresar al Perú u a otro país de la manera que sea. El problema más grave de resolver es el de un mercado de trabajo que identifica a personas vulnerables y ve en ellas la posibilidad de mano de obra barata y disponible, sin distinguir entre peruanos y venezolanos.