Minería y conflictos sociales: obligaciones tributarias vs. obligaciones del Estado, por Alejandro Santo Morán

La subsidiariedad es un principio rector que justifica la participación del Estado en el plano económico y social. En ese sentido, existen funciones indelegables como la creación de leyes, la emisión de una moneda, la administración de justicia, las relaciones exteriores o garantizar la seguridad pública y la defensa de la Nación.

A modo de ejemplo, desde La Revolución Francesa se considera a la seguridad pública como una función propia y excluyente del Estado. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que la “garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública […] instituida en beneficio de todos…”. Desde 1789 y hasta las constituciones modernas, se concibe a la fuerza pública como garante de derechos, entendidos como un bien jurídico de ámbito colectivo y como una función exclusiva del Estado.

La emisión de una moneda y el poder tributario son también monopolio estatal. Este último es la capacidad del Estado para obtener los ingresos necesarios para solventar el gasto público, repartiendo la carga fiscal según la capacidad de cada contribuyente e incluso llegando a corregir fallas en los mercados, cumpliendo con el imperativo de brindar a sus ciudadanos las condiciones materiales mínimas para su desarrollo integral.

En el último trimestre del 2020, sucedieron dos hechos íntimamente ligados a estas dos funciones que el Estado debe desempeñar ineludible y articuladamente.

Por un lado, el MEF, liderado por Pedro Francke, pretendió, sin éxito, que el Congreso delegue al Gobierno facultades legislativas para aumentar la presión tributaria sobre la minería.

Por otro, y coincidente con un paro minero en Ayacucho, manifestantes incendiaron un campamento de la mina Apumayo del Grupo Aruntani. Al día siguiente la prefecta regional precisó que no hubo detenidos. A su vez, en diciembre, la Mina Las Bambas suspendió sus actividades por un conflicto minero recurrente y cuyo ámbito se extiende a 200 kilómetros de esta. El conflicto se superaría, pero, desde el 2016, Las Bambas se ha visto obligada a suspender sus actividades, por este conflicto, durante 400 días.

Hoy carece de sentido analizar si las pretensiones del ministro Francke tenían o no asidero. Pero aun llama la atención que el Gobierno haya sometido a debate parlamentario el aumento de impuestos a la minería, función exclusiva del Estado, y al mismo tiempo, no ejerza su potestad también como garante de la seguridad ciudadana; en este caso, de las empresas mineras afectadas y sus trabajadores.

Estoy seguro de que Pedro Francke, un profesional con recorrido académico y empírico, lo sabe. Durante la discusión sobre la delegación de facultades, el MEF afirmó que la minería soportaría un aumento de impuestos y explicó cómo este dinero reduciría parte de la brecha existente en salud, educación o saneamiento. Sin embargo, considerando lo sucedido en Apumayo y Las Bambas, el mensaje resultó ser otro.

El Ejecutivo no ejerce integralmente las funciones mínimas y esenciales que debe asumir. El MEF busca incrementar los impuestos del sector minero. Simultáneamente, se comenten delitos flagrantes contra dos mineras, pero la policía no actúa y, por lo tanto, la fiscalía no interviene.

El Gobierno pide más dinero, pero no protege la propiedad privada y la seguridad de los trabajadores mineros, olvidando que la fuerza pública debe garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos que la Constitución y la ley reconocen. Finalmente, la población tiene derecho a alzar su voz, pero de forma pacífica, y la intensidad de ese derecho es igual al que tienen las mineras a que se respete su patrimonio, la seguridad de sus trabajadores y a ejercer su actividad dentro de los márgenes de las leyes y normas del sector.