El narcoestado que no queremos, por Alberto Otárola Peñaranda

Cada cierto tiempo en el Perú nos ocupamos de un neologismo que forma parte de nuestro debate político: el narcoestado. La palabra no es menor si tenemos en cuenta los problemas que desde hace décadas tiene el país con la presencia del narcotráfico y de sus redes mafiosas, fenómeno que sin embargo es mucho más complejo que aquellos casos mediáticos como el de Oropeza.

La pregunta, no obstante, es valedera: ¿El Perú es un narcoestado o está en vías de serlo? La literatura especializada desarrolla el concepto teniendo como punto de referencia la cooptación de las diversas esferas del Estado por el narcotráfico. Así, un narcoestado se caracteriza por la penetración estructural del tráfico ilícito de drogas en las más altas esferas del poder, para proteger y patrocinar a organizaciones dedicadas a este delito (Miraglia, Ochoa & Briscoe, Bybee, Cornell). En esa línea, las instituciones están infiltradas por la corrupción, por el lavado de activos y por sus redes de influencia; en una palabra, el crimen organizado cogobierna. 

No es el caso del Perú del 2015. Lo sostiene una institución de prestigio y un gobierno que conoce el tema. En el primer caso, Naciones Unidas ha calificado a las políticas lideradas por el presidente Ollanta Humala como un “quiebre histórico” en la lucha continental contra el problema mundial de las drogas. En el segundo, el Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, del gobierno de Estados Unidos sostiene que “el Perú ha demostrado cada vez una voluntad política más fuerte para hacer frente a las drogas, la producción y el tráfico”. 

Precisamente, como resultado de esa mayor voluntad política y del trabajo articulado de las diferentes instituciones involucradas, nuestro país tiene resultados positivos que mostrar.

En cuatro años de gestión del presidente Humala se han erradicado 79.452 hectáreas de coca ilegal, indicador que representa el 50% más de todo el quinquenio anterior. Somos el gobierno que más ha reducido el espacio cocalero. Las cifras oficiales de Naciones Unidas señalan que pasamos de 62.500 hectáreas en el 2011 a 49.800 hectáreas en el 2013 y la tendencia este año seguirá a la baja. 

Durante el 2014, además, se incorporaron a la frontera agrícola legal 53.680 hectáreas de cultivos asistidos, que representan el espacio que se le arrebató al narcotráfico y que, por aplicación de nuestro modelo de desarrollo alternativo integral y sostenible, han hecho posible que el Perú exporte solo por concepto de cacao y de café más de 250 millones de dólares. 

En el último año también se entregaron cerca de 13.700 títulos de propiedad a los agricultores, en su mayoría ex cocaleros, lo que permitirá que a julio del 2016 se sumen en total 50.000 títulos. Otro indicador importante es el decomiso de insumos químicos, que se ha elevado gracias a un buen trabajo articulado entre la Sunat y la Policía Nacional. 

Somos conscientes de que aún hay brechas por cerrar. Que debemos hacer esfuerzos colectivos por fortalecer y proteger nuestra institucionalidad democrática. En este esfuerzo deben acompañarnos todas las instancias públicas y privadas, y debemos contar, además, con el firme compromiso de los partidos políticos por hacer de la lucha contra las drogas un pilar fundamental de sus programas.

En este debate, por responsabilidad cívica, debemos apelar también a la memoria histórica. Hubo una década en que se cobraba cupos a las salidas de narcoaviones, que se tenía contacto comercial con el cártel de Tijuana y las mafias colombianas, que se enviaba droga en el avión presidencial y que se protegía impunemente a las organizaciones de narcotraficantes. Ese sí era un narcoestado, que sin embargo fue derrotado por la democracia. A ese narcoestado es al que nunca debemos regresar.