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El Ministerio de Cultura ha colgado en Internet el anteproyecto de la nueva “Ley de la cinematografía y el audiovisual peruano” con el fin de promover un debate público sobre el tema. Como cineasta me permito participar en el debate comentando algunos de sus aspectos básicos.
En principio, creo que es una buena ley. Los gremios y el ministerio han hecho un buen trabajo, orientado a la defensa y difusión del cine peruano. Sin embargo, pienso que el énfasis lo han puesto en el cine como producto terminado, cuando las formas de obtener los recursos para que ese producto exista son fundamentales.
Tal como está en el anteproyecto, la ley se propone ampliar los recursos del fondo de promoción para los concursos públicos a través de un impuesto de 5% al precio neto de la entrada de cine. Para esto se derogaría el actual impuesto municipal, haciendo que lo recaudado vaya directamente al fondo de cinematografía, con el que se premiaría a los proyectos ganadores de los concursos.
En este punto cabe preguntarse: ¿Cómo reaccionarán los municipios? Es verdad que muchas municipalidades no llegan a gastar estos recursos o a invertirlos en proyectos culturales, pero veo difícil que no reaccionen en contra de la ley, poniendo al gobierno en la disyuntiva de insistir a pesar del costo político.
Por ello, creo que este debate debe incluir otra vía de financiamiento, que incorpore a la empresa privada. Ambos, empresa privada y Estado, pueden impulsar eficazmente la producción cinematográfica peruana como está ocurriendo, por ejemplo, en República Dominicana.
La ley de cine dominicana ha creado un antes y un después en lo que a producción cinematográfica se refiere. Antes de su promulgación, se producían tres o cuatro películas al año. Hoy se producen alrededor de 30.
La ley dominicana promueve una figura de “obras o servicios por impuestos”, gracias a la cual las empresas privadas pueden destinar hasta el 25% de lo que pagarían en Impuesto a la Renta a un proyecto de producción cinematográfica, siempre y cuando ese proyecto cumpla con el reglamento estipulado en la propia ley.
En la práctica no se llega al 25%, los presupuestos de los proyectos realizados oscilan entre uno y tres millones de dólares, dinamizando tremendamente ese sector. Actualmente existe una gran continuidad de trabajo y se está construyendo una buena comunicación entre los realizadores dominicanos y su público, que ahora busca con mayor avidez las producciones nacionales, cuyos guiones reflejan mejor sus problemas, su historia y su idiosincrasia.
La mayor disponibilidad de recursos ha hecho que se vaya mejorando la factura técnica, artística y actoral de las producciones, lo que a su vez aumenta sus posibilidades de exportación y de inclusión en otras plataformas.
Como los recursos son del Estado, la Dirección de Cine (entidad creada por la misma ley) tiene la autoridad y responsabilidad de ejercer un rol fiscalizador, velando para que los recursos se gasten realmente en la producción cinematográfica.
Tan exitoso ha resultado este modelo que la Universidad de Oxford hizo un estudio del caso, centrándose en el aspecto económico. El estudio demostró, más allá de toda duda, el impacto reactivador y multiplicador de los indicadores económicos: hoy miles de dominicanos tienen trabajo en esa industria.
Por supuesto, además de lo económico, se suma la enorme presencia cultural, que contribuye al desarrollo de la identidad del país y de industrias paralelas, sobre todo el turismo.
La ley de cine dominicana incluye también incentivos fiscales para las producciones extranjeras, atrayendo considerablemente producciones estadounidenses y europeas.
Se puede revisar la cifra del 25% pero el concepto de obra o servicio por impuestos es el camino más eficaz. El efecto multiplicador, insisto, sería enorme y no tengo dudas de que un estudio de impacto económico lo corroboraría.
El caso dominicano ilustra de manera concreta cómo una legislación adecuada y bien ejecutada puede lograr un desarrollo notable en la industria cinematográfica, mejorando a su vez las condiciones de vida de las personas y contribuyendo a elevar y difundir mejor la marca país. Es lo que quisiéramos todos con la nueva “Ley de la cinematografía y el audiovisual peruano”.
