La enésima reforma policial

Pensábamos que en la década de 1990 el Ministerio del Interior y, particularmente, la Policía Nacional habían tocado fondo con el sometimiento y las canalladas del montesinismo. Sin embargo, lo que pasó en los 16 meses de desgobierno de Pedro Castillo podría convertirse en un tragicómico guion serial de cualquier ‘streaming’: comandantes generales, ministros y un largo etcétera se hincaron ante un chaval que, según la fiscalía, era quien cortaba el jamón en todo el sector Interior. Pusieron en subasta el ascenso para generales, convirtieron en un mercado persa los cambios de colocación y los fondos funerarios terminaron de cajas chicas de corruptos de toda laya.

Todo esto en paralelo al desborde de la criminalidad, especialmente de las extorsiones, el aumento peligroso de la desconfianza en la policía (cerca del 80%, según INEI) y la percepción de inseguridad bordeando el 90%, según la misma fuente. Y, además, con muy fuertes y válidos cuestionamientos en el manejo de las protestas sociales como consecuencia de la crisis política, que ocasionó más de 60 muertos y miles de heridos, muchos de ellos de extrema gravedad.

Entonces, es momento de preguntarnos: ¿nuestra Policía Nacional necesita un proceso de reforma y modernización?, la respuesta definitivamente es sí; es más, diría que esta necesidad abarca a todo el sector Interior. La corrupción y la burocracia parasitaria alimentada por redes criminales nuevamente han tomado el control, por ejemplo, de Migraciones y de la Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

La propia policía ha planteado la necesidad de un proceso de reforma hace cuatro años (2019) con el “Plan Estratégico de Capacidades de la PNP al 2030, Mariano Santos Mateo-MS30″. Tomando como base este documento el gobierno de transición de Francisco Sagasti también elaboró las “Bases para el Fortalecimiento y Modernización de la PNP”. Como vemos, la necesidad de modernizar y fortalecer a la Policía Nacional para que cumpla su mandato constitucional viene madurando desde hace tiempo atrás.

No se necesita inventar la pólvora, los ejes temáticos que se tendrían que trabajar en cualquier proceso de reforma serían: en la formación del personal, no podemos seguir con las 20 escuelas de suboficiales funcionando en condiciones precarias y con criterios de reclutamiento porosos que, a los pocos meses de egresado y ya con uniforme puesto, terminan vinculados a delitos predatorios. Otro eje de urgente atención es la infraestructura, cerca del 80% de los locales policiales necesitan saneamiento físico legal. Los informes defensoriales dan cuenta del estado ruinoso en que se encuentran las comisarías y es donde acuden las personas en busca de auxilio, muchas de las cuales terminan revictimizadas. El equipamiento y las tecnologías de la información siguen inalcanzables para muchas unidades policiales. En el 2019 les robaron a las comisarías más de S/30 millones que iban a servir para comprar computadoras. La fiscalía anticorrupción, a cuatro años de presentado la denuncia, no ha emitido ninguna resolución, ¿que estarán esperando, la prescripción?

Una de las causas del crecimiento exponencial del crimen organizado es precisamente porque las unidades especializadas no cuentan con herramientas tecnológicas que le permitan enfrentar eficazmente a los delitos complejos. Aumentar la capacidad de las interceptaciones legales y geolocalizar en tiempo real una llamada extorsiva cambiaría significativamente las condiciones actuales de esta lucha. El mal llamado sistema de comunicaciones sigue siendo redes desintegradas. El principal factor que incuba a la corrupción de todo calibre es la gestión de los recursos que tiene la policía. Aquí la idea es simple, pero se necesita tener los pantalones bien puestos para tomar la decisión: convocar a gerentes civiles de Servir para que se encarguen de la gestión en las 17 unidades ejecutoras. La policía se concentraría en definir técnicamente sus requerimientos y en brindarnos seguridad, para eso fueron formados.

Ahora bien, hemos convenido que es necesario un proceso de reforma y modernización; sin embargo, ¿es sensato, realista y responsable pensar que podemos embarcarnos en esta tarea en el actual contexto de crisis política, con un gobierno inestable y con serios problemas de legitimidad? Todo proceso de reforma requiere de marcos legales modernos, ¿podemos pedir una discusión serena y alejada del mercantilismo político al actual Congreso?

El vocero del Gobierno anunció la “reforma y limpieza de la policía”. Me pregunto si el responsable de empujar a policías y militares para resolver una crisis política a punta de perdigonazos y bombas lacrimógenas es el más idóneo para hablar de reforma. Pareciera más bien que estamos ante uno de sus acostumbrados anuncios populistas y, como tales, vacíos de contenido. Una reforma policial en estas condiciones es camino a una decepción más.

La inseguridad se disputa el primer lugar con la corrupción como el problema más importante que afecta al país. Necesitamos tratar este tema con más responsabilidad. Debemos recuperar a nuestra Policía Nacional especialmente de los intereses subalternos de las organizaciones criminales vinculadas a la política.