Proteccionismo lácteo, por Gonzalo Ruiz Díaz

La Comisión Agraria del Congreso ha vuelto a poner en debate un proyecto de ley que ha sido observado por el Ejecutivo, y que prohíbe el uso de leche en polvo como insumo para la producción de productos lácteos tales como la leche evaporada, yogur, queso y mantequilla. Según su articulado, la medida buscaría “promover el desarrollo de la ganadería lechera y garantizar el origen del producto lácteo en sus derivados”. Sin embargo, la medida tendrá efectos adversos sobre los consumidores, en particular, los de menores recursos y efectos poco relevantes para la ganadería lechera.

El uso de leche en polvo como insumo para la elaboración de productos lácteos es una práctica común en el ámbito internacional, pues permite homogeneizar la calidad de la leche cruda proveniente de la industria ganadera, así como facilitar su transporte a grandes distancias. Asimismo, en países como el Perú, la importación de leche en polvo ha servido para compensar la insuficiente oferta interna de leche para el consumo local, durante los últimos años.

En nuestro país, el consumo per cápita de leche ha crecido de manera importante durante la última década (de 58 kg en el 2006 a 84 kg en el 2016), siendo los hogares más pobres los que han incrementado su consumo en mayor medida. Así, el porcentaje de hogares pertenecientes al quintil más pobre que consume leche pasó de 53% en los años 2006-2008 a 69% en el 2014-2016.

Dicho incremento en el consumo local se ha debido sin duda a diversos factores (como la mejora del poder adquisitivo de la población), lo que ha obligado a la industria a ampliar su capacidad de producción a través de la importación de leche en polvo. En la actualidad, el 30% de los insumos que emplea la industria láctea constituye leche en polvo, mientras el 70% restante corresponde a leche proveniente de la industria ganadera local.

Un primer aspecto que resulta interesante observar es que entre 1991 y el 2008 se aplicó una medida similar en el mercado lácteo peruano con el mismo objetivo de desarrollar la ganadería lechera. Sin embargo, tras 17 años de aplicación no se ha evidenciado que dicha medida haya conseguido los objetivos que se planteó en su momento. Por el contrario, luego de derogada la medida, desde el 2008 se aprecia un mayor ritmo de crecimiento de la producción y del consumo de leche a nivel nacional. Es que la mejora de la competitividad de un sector de la economía no pasa por aislarlo de la competencia, sino por establecer políticas que faciliten su acceso a tecnología, logística, capacitación, entre otros.

No obstante, el mayor perjuicio de este proyecto podría recaer sobre los consumidores. La medida ocasionaría una escasez artificial en el mercado de leche cruda, elevando sus precios. Ello, en primer término, afectaría negativamente a sectores de la población que consumen ese tipo de leche, así como a pequeñas y medianas industrias que la utilizan como insumo.

Asimismo, el mayor precio del insumo utilizado para la producción de productos lácteos afectará negativamente al consumidor final a través de mayores precios. En el caso específico de la leche evaporada, en un estudio realizado para la Sociedad Nacional de Industrias, concluimos que la medida tendrá un impacto de 36% sobre el precio minorista en el corto plazo y una desviación del consumo hacia otros productos como mezclas lácteas, en el mediano y largo plazo. Así, los consumidores de leche, en especial los más pobres, terminarían pagando los costos del proteccionismo lácteo.