¿Retrato de unos partidos adolescentes?

Hace unos días, Carlos Contreras escribió en este espacio una aguda columna sobre los retos de lograr una mejor representación política con la que tengo muchas coincidencias y una importante discrepancia.

Al discutir el problema de la actual crisis política, Contreras señala que, desde una mirada de largo plazo, la crisis se remonta al debilitamiento de los partidos que dominaron la política nacional en la segunda mitad del siglo XX. Profundos cambios económicos y políticos llevaron a que los partidos tradicionales dejaran de representar a una sociedad más informal e igualitaria en lo social, sin que aparecieran nuevos actores políticos capaces de hacerlo. Los partidos que surgieron reflejaron a esa nueva sociedad, pero sin lograr un balance entre esta diversidad de intereses y las demandas por mayor bienestar. Hoy nuestro mayor reto político es lograr que los nuevos partidos representen a una sociedad informal, que rechaza la regulación y la tributación, por ejemplo, pero que, a la vez, pide mejores servicios, control de la criminalidad y desarrollo de infraestructura. La cuadratura del círculo.

De acuerdo, en general, con el diagnóstico y la reflexión final sobre el enorme reto de representación que enfrentamos. Mi discrepancia está en una idea que recorre el texto y que creo nos lleva a una comprensión inadecuada del tipo de partidos que tenemos y de lo que deberíamos reclamarles. Hay en el artículo una mirada a los nuevos partidos como criaturas incomprendidas, maltratados por la sociedad oligárquica y letrada tradicional. Grupos fustigados por ONG o fiscalías anticorrupción que les imponen estándares imposibles de cumplir en su situación de inmadurez. Se trataría de partidos adolescentes, lo que sugiere que están –o podrían estar– en una transición hacia la adultez.

La imagen puede ser cierta para algunos grupos que intentan construir con enorme dificultad vínculos representativos. Pero creo que lo que tenemos hoy, en su mayoría, no son adolescentes camino a madurar, sino productos acabados, organizaciones funcionales a las necesidades de grupos de interés y agendas particulares que pululan en la política. Y estos grupos políticos profundizan la degradación del sistema y quiebran la representación de intereses generales. No se trata entonces de tenerles paciencia y confiar en que dejarán de ser niños, sino de resaltar que son actores que atentan contra el reto de representación que plantea Contreras. Reman en contra.

¿De qué manera lo hacen? Primero, son grupos que ya no buscan cumplir reglas básicas tendientes al bien común, sino establecer reglas informales que los benefician directamente. Un ejemplo simple pero generalizable a otros campos. Hace apenas diez años los casos de robasueldos en el Congreso eran sancionados. Eran comunes, pero una vez descubiertos se hacía cumplir la regla del “no robarás”. Hoy eso no sucede porque ya son demasiados los que están inmersos en esa conducta. La regla formal pierde toda fuerza y la regla informal es la real. Lleven ahora el ejemplo a temas de minería informal, educación, reformas burocráticas y un largo etcétera.

Segundo, esta atomización de intereses particulares lleva a una gestión grupal de concesiones mutuas que se presta a grandes pactos contra reformas y agendas de bienestar. Los congresistas vinculados al expresidente Pedro Castillo, por ejemplo, quieren tumbarse el sistema de evaluación docente, poco importa cómo. Si para ello tienen que intercambiar votos con quienes quieren mantener reglas favorables a la minería o el transporte ilegal, pues se hace. El bien común se pierde en esta sumatoria de voracidad particularista.

Tercero, estos grupos facilitan el ingreso de lo ilegal a la política. Informal e ilegal no es lo mismo, obviamente. Pero cuando estas actividades se tocan, se asientan en un territorio con débil control estatal, es más fácil que los intereses ilegales entren al sistema. ¿Qué dineros penetran en campañas que prometen la tolerancia a actividades ilegales? ¿Cuántos actores formales ven quebrar sus empresas por la competencia desleal de quienes son protegidos por los congresistas? ¿Qué agencias estatales son atacadas por los representantes de estos grupos?

Finalmente, estos partidos actuarán contra otros actores políticos que busquen construir una mejor representación como la que demanda Contreras. Quienes plantean agendas programáticas y técnicas en política pública, sea en educación, control de la informalidad, sistemas de salud, entre otros, chocan con los intereses y supervivencia de estos grupos. Son sus enemigos y buscarán excluirlos del juego. Como hemos visto recientemente, un gran acuerdo de bancadas supuestamente plurales en lo ideológico ha logrado cerrar el sistema y proteger su posición de dominio.

Contreras tiene razón: el reto que presenta la situación actual es cómo lograr una representación que vincule las aspiraciones programáticas de la población con una realidad de informalidad e ilegalidad. De acuerdo en que con elitismos puristas y reglas irreales no se combate esta realidad. Pero tampoco calificando a lo hoy existente de adolescentes camino a madurar. Son en su mayoría adultos achorados, conscientes de su achoramiento y trabajando para tener un país todavía más achorado.