En salvaguarda del voto informado, por Francisco Távara Córdova

Hace 193 años que existimos como República. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde entonces y, sin embargo, la institucionalidad democrática del país nos sigue poniendo a prueba, exigiendo de todos los peruanos grandes muestras de entrega, de valentía y de talento. En suma, de civismo, de ciudadanía.

La democracia, como forma de vida, organiza al Estado y la sociedad sobre la base del respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Por ello, el tema central para la construcción del Estado democrático reside en las garantías del proceso electoral, el cual debe ser fiable para la ciudadanía.

Sin embargo, la impronta de la violencia sigue amenazando la democracia de nuestro país. Primero fue la amenaza criminal del terrorismo, y ahora se suma la no menos peligrosa violencia de la corrupción y el narcotráfico, que minan las todavía débiles estructuras basilares de nuestra democracia. La participación de candidatos con sentencia o procesados viene de mucho antes; y lo que hemos hecho ahora —el JNE y la prensa— es solamente transparentarlo.

No olvidemos que, según la Constitución y las leyes, solo es posible impedir la postulación de quienes tienen condena firme y vigente por delitos dolosos, y no de quienes se encuentran procesados, acusados o detenidos sin sentencia, incluso si sus sentencias condenatorias han sido impugnadas y se encuentran pendientes de decisión. Con este marco legal, debe discutirse y definirse los alcances de la Rehabilitación de los sentenciados.

Ante tal situación, desde hace varios años, los organismos electorales hemos venido trabajando propuestas normativas que, en foros realizados con la sociedad civil y organismos gubernamentales, han sido puestos reiteradamente en consideración del Estado.

Allí están los proyectos para el Código Electoral y el Código Procesal Electoral; la Nueva Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos y la Nueva Ley de Partidos Políticos, por mencionar algunos. Y, en torno al proceso electoral, destaca una ley que consideramos de singular importancia.

Es la que propone excluir de los procesos electorales a los candidatos que tengan condena en segunda instancia, independientemente de que haya sido impugnada o que haya sido objeto de un proceso constitucional.

La fundamentación jurídica de esta propuesta radica en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática del país, permitiendo la candidatura solo de quienes demuestren cumplir, de manera sólida e indubitable, con los requisitos que señala la ley. Esto, no sucedería con aquellos sentenciados en segunda instancia, pues en tal circunstancia ya ha sido enervada su presunción de inocencia, hasta que una sentencia firme resuelva en contrario.

Esta propuesta será alcanzada en breve al Congreso de la República para su debate y aprobación correspondientes.

Sin embargo, de aprobarse, esta iniciativa no podrá regir para las elecciones regionales y municipales en curso. En tanto ello sucede, solo cabe la acción de la sociedad civil para establecer mecanismos de sanción moral que se reflejen en el voto ciudadano, a fin de generar salvaguardas al menoscabo de la dignidad ciudadana.

No olvidemos nunca que a eso se resume, en gran medida, la titánica tarea cotidiana que nos involucra y compromete a todos: la de construir y fortalecer la democracia en nuestro país, plasmando en nuestro quehacer diario aquellos principios y conceptos que hacen posible la realización individual y colectiva de todos nosotros como seres humanos.