Estuve invitado a una jornada de reflexión sobre la labor de los gremios y su impacto en el progreso del país y de los peruanos. Es innegable que a todos los líderes empresariales nos preocupa el a) bajo crecimiento económico; b) la baja legitimidad de las autoridades; y c) el bajo apoyo a la democracia. En este escenario es muy probable que la población esté dispuesta a cambiar a quien esté en el gobierno casi por cualquier cosa. Como decía alguno de los participantes, el problema de la inestabilidad en el país está enraizado en que para un gran sector de la población peruana el Estado –gobierno de turno– no hace la diferencia. La calidad del paquete de servicios básicos –agua, seguridad, salud y educación– que les ofrece no es suficiente como para que esas personas consideren que ponen en riesgo la provisión de dicho paquete si es que optan por un candidato muy diferente al que está en el gobierno.
Esta irrelevancia del gobierno en la determinación de la calidad de vida de los ciudadanos genera un desapego muy grande con respecto a la democracia, y produce candidaturas populistas ofreciendo “soluciones” facilistas para los problemas de fondo de nuestra economía.
En este contexto, nos preguntaron qué iniciativas en tu gremio implicaban un gran valor para la población y hacían la diferencia en la vida de las personas, especialmente en aquellas donde es más fuerte este sentimiento de irrelevancia del gobierno.
El sector asegurador tiene la capacidad de brindar protección financiera a familias, empresas y gobiernos frente a eventos que pueden afectar seriamente su economía. Tradicionalmente, uno piensa que el seguro está diseñado para proteger la vida, la salud, el auto, etc., de personas, principalmente particulares que entienden la importancia de prevenir y lo pueden adquirir, pero aún no se ha tomado suficiente conciencia de la protección que puede ofrecer a la población vulnerable, cuya vida puede cambiar en un instante frente a un evento catastrófico como una pandemia, un terremoto o una inundación.
Cuando pensamos en proteger a la población vulnerable, es importante pensar en las tres razones por las que esta puede ser vulnerable: a) porque sus activos pueden perderse y no tener capacidad de recuperarlos; b) porque sus pasivos pueden estar al límite de sobre endeudamiento y no tener una estrategia financiera capaz de lidiar con un evento negativo; c) porque puede perder o disminuir considerablemente su flujo de ingresos impidiendo continuar con su estilo de vida, obligándose a reducir su consumo abruptamente.
Hay dos políticas públicas que podrían cambiar esa condición de vulnerabilidad de las personas. Ambas están asociadas con la respuesta del gobierno frente a desastres. La primera está vinculada a los activos públicos que proveen servicios a la ciudadanía –colegios, hospitales, carreteras, etc. –. La segunda, al activo privado más importante de los ciudadanos: su vivienda.
La solución desde el sector de seguros, en este caso, es proveer protección frente a situaciones de catástrofe para que el financiamiento de la reconstrucción no sea un problema; sin embargo, en el Perú no hay colegio ni hospital público asegurado. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debería desplegar este tipo de herramientas financieras para la gestión de desastres de gran magnitud.
En el segundo caso, un reciente informe periodístico ha mostrado cómo los damnificados por el ciclón Yaku esperan desde hace un año el bono y el módulo de vivienda ofrecidos. Una herramienta financiera en forma de un seguro podría pagar con rapidez una indemnización fija a quien pierde su vivienda. De esta manera, se controla el potencial gasto presupuestal y se ofrece una solución oportuna.
A mi juicio ambas iniciativas tienen un doble impacto. Por un lado, hacen la diferencia en la vida de la población vulnerable que no tiene cómo responder frente a este tipo de eventos. Por el otro, legitiman a las autoridades en tanto muestran eficacia en la resolución de problemas.
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