La necesidad de más y mejores pensiones, por Victorhugo Montoya Chávez

Le corresponde al Estado asegurar que las personas ejerzan adecuadamente su derecho a una pensión. Así lo establecen la Constitución y el Tribunal Constitucional cuando la interpreta (como lo hizo, al pronunciarse sobre la devolución de aportes). La pensión protege a las personas cuando no pueden seguir trabajando, ya sea por su edad (jubilación) o por una discapacidad (invalidez). Por eso, al definirse un sistema de pensiones, lo fundamental es que más personas accedan a él, que el monto de la pensión sea el mejor posible y que el financiamiento de ese pago esté asegurado.

Pero el éxito de esta intervención no es sencillo. En el Perú, el 65% de la PEA es informal y no existe una cultura de ahorro. Solo el 35% de las personas adultas mayores son pensionistas porque han podido aportar y un número similar recibe un subsidio de los programas sociales no contributivos. Pero hay alrededor de 30% que no recibe pensión alguna. Y el monto de esas pensiones no podrá ser alto si las personas aportaron poco o si ni siquiera lograron aportar.

A estas condiciones se ha enfrentado el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para buscar mejoras. Era necesario aumentar la cantidad de pensionistas y mejorar el monto de sus pensiones, brecha que constituía la queja más frecuente. En noviembre del año pasado se emitió un Reglamento Unificado para contrarrestar algunos puntos débiles que se arrastraban desde la década de 1970. Se ha facilitado la sustentación de aportes con declaraciones juradas porque no existe en el país una base de datos certera de estos hasta 1990. Se ha incorporado el crédito previsional, donde el SNP “presta” hasta tres años de aportes para lograr los 20 años requeridos. Se han creado incentivos para que los independientes (facultativos para el SNP) aporten de una manera sencilla. Y se ha promovido que sea virtual el trámite para obtener pensiones y que las personas puedan recibir su pago mensual sin salir de su casa.

Pero estas mejoras deben ir acompañadas de un cambio de fondo. Es imprescindible rediseñar la intervención del Estado, tal como lo establecieron la Comisión de Protección Social (2017) y el Consejo Evaluador de los Sistemas de Pensiones Públicos y Privados (2019). Debemos entender cómo envejece nuestra población, cómo se ha visto afectada por la pandemia la proyección de nacimientos y otros factores demográficos indispensables. Debemos conocer el mercado laboral, porque el modelo previsional se ajusta a él si quiere llegar a cada modalidad de trabajo que existe, y debemos ser conscientes de la informalidad. Debemos considerar los condicionamientos jurídico-constitucionales, tributarios, sociales o financieros que influyen en el éxito del sistema.

Los que velamos por lograr este objetivo constitucional, ya sea por nuestro cargo, puesto político o liderazgo social, debemos buscar el mejor sistema posible. Debe desaparecer la rivalidad entre el sistema público y el privado, tan perjudicial para las personas afiliadas, pues las obliga a elegir entre uno u otro sistema, como si tuvieran certeza sobre su futuro laboral, además de los gastos administrativos que genera. Es bueno mirar al extranjero para aprender qué diseños multipilares se han concebido para intervenir, cómo manejan los fondos previsionales y qué herramientas interactivas o tecnológicas utilizan para despertar el interés de los informales por aportar. Cualquier experiencia, por supuesto, debe ser adecuada a nuestra realidad.

La sociedad civil y el Estado deben hacer un pacto social responsable orientado a una intervención pública adecuada y sostenible financieramente. Una que garantice el derecho fundamental a una pensión para todas las personas en el Perú.