La tormenta perfecta, por Luis Egusquiza Mori

En los últimos días la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dado a conocer que 19 partidos han recaudado en conjunto casi S/7 millones en esta primera etapa de la campaña. Más allá de este dato agregado aún parcial, es ilustrativo analizar la información financiera obtenida durante el proceso electoral del 2011, pues es probable que se observen los mismos patrones de comportamiento en estas elecciones en vista de que las reformas legales necesarias nunca llegaron.

Previamente, una advertencia. Lo reportado a la ONPE no necesariamente es todo lo recaudado ni todo lo gastado. El ente electoral contrastará la información presentada con el monitoreo sobre la propaganda electoral en medios, pero su posibilidad de investigar rubros como aportes por rifas y otras actividades es menor. Tampoco podrá hacer mucho por indagar aportes no declarados. 

Sin embargo, lo más interesante de los reportes financieros es que presentan información global sobre cómo funciona una campaña electoral en el Perú. 

El primer elemento para tener en cuenta es que los partidos políticos son los “parientes pobres” de la campaña electoral, pues, al ser organizaciones débiles, dependen en extremo de los candidatos y sus entornos o “comandos de campaña”. En ese contexto, son estos grupos los que organizan la recaudación y los que deciden cómo se invierten los fondos.

El segundo elemento que destacamos es obvio, pero no deja de ser importante: las campañas electorales implican una carrera intensa por obtener fondos. Usando los datos del 2011, es notable el incremento de los flujos de dinero que se reportan. Así, en el caso más extremo, los ingresos recaudados por uno de los partidos durante la campaña electoral equivalen a 12 veces lo recibido en el año previo a la elección. 

El tercer elemento por considerar es que la propaganda electoral en medios masivos es, de lejos, el principal gasto de la campaña. Según lo reportado en el 2011, las candidaturas gastaron en propaganda electoral cerca del 80% de los ingresos que recaudaron. Si, como se ha afirmado, una campaña puede llegar a costar US$20 millones, una candidatura está condicionada a buscar un financiamiento de US$16 millones a ser ejecutado en poco más de cuatro meses solo para su pauta publicitaria.

Así las cosas, las candidaturas presidenciales son, en términos financieros, organizaciones con necesidad de un flujo sostenido y abundante de dinero en un período corto de tiempo, lo que a su vez las convierte en una presa apetecible para que el crimen organizado busque invertir estratégicamente su dinero sucio para comprar impunidad. 

¿Existe alguna posibilidad legal vigente de contrarrestar los incentivos de los candidatos a recaudar sin preguntar o en el peor escenario asociarse a intereses delictivos? La respuesta es no. 

Ni sanciones, ni posibilidad de investigar a fondo, ni penas efectivas. La legislación de financiación política en el Perú es la tormenta perfecta y la única opción para no naufragar en ella consiste en una respuesta en bloque de las instituciones del país: que los organismos electorales sean oportunos, que la fiscalía investigue, que la prensa informe y que la sociedad civil denuncie.