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Una de las cosas más angustiantes de nuestra política es la ausencia de soluciones en el horizonte. El Ejecutivo y el Legislativo no empujan mucho los sectores esenciales para nuestro desarrollo; por el contrario, los intereses privados de nuestros representantes enredan los nudos que nos impiden avanzar en educación, inversión privada, formalización, combate a la corrupción, reformas políticas y un largo etcétera.
El gobierno de Dina Boluarte, hasta el momento, es bastante inocuo y esa quizá sea hasta ahora su mayor virtud. No olvidemos que hace más de ocho meses nos salvamos de una aventura populista que nos habría regresado al infierno del enfrentamiento entre peruanos y al empobrecimiento económico. La ineptitud del expresidente Pedro Castillo y una cierta resiliencia de nuestras instituciones lo llevaron a ser detenido por los mismos policías que lo escoltaban. Nuestra primera mujer presidenta cambió el rumbo populista del gobierno, permitiéndonos dejar de ser un país que pisaba el acelerador hacia el abismo para convertirnos en un país que navega sin rumbo definido.
Nadie puede negar que los ministros del gobierno de Boluarte son relativamente competentes y que no escuchamos todas las semanas de algún infame escándalo de corrupción en las más altas esferas del poder. Sin embargo, el talón de Aquiles de este gobierno es su falta de compromiso con los derechos humanos y las continuas pequeñas violaciones constitucionales. No olvidemos que la represión brutal de las protestas ciudadanas nos colocó entre los regímenes híbridos y que la presidenta acumula ya dos denuncias por presunta infracción constitucional: una por firmar como presidenta del Club Apurímac siendo ministra y vicepresidenta, y otra por viajar a Brasil sin encargar la presidencia de la República. Numerosos errores acompañados de una cierta soberbia impiden que este gobierno construya mayor legitimidad en el poder. Esto, a pesar de que el manejo medianamente razonable del Estado ha permitido disminuir la polarización política, lo que no es poca cosa en un país que ha tenido seis presidentes en siete años.
Numerosos analistas abogan por un adelanto de elecciones. En resumen, argumentan que la situación actual es insostenible y que un adelanto de elecciones sería la mejor forma de arreglar este manicomio político. Por lo pronto, esta solución no me parece muy convincente. Un adelanto de elecciones con el actual desencanto político de los ciudadanos probablemente nos devolvería a una situación similar a la que atravesamos en julio del 2021. Nos toca a los peruanos reaprender a esperar el final del mandato de los presidentes para que se calme un poco el malestar electoral y puedan surgir algunos nuevos liderazgos. Está claro que las violaciones de los derechos humanos no pueden pasarse por agua tibia y que la justicia deberá sancionar drásticamente a los responsables, pero también debemos dejar de meterle más dinamita a nuestra inestabilidad política. Es evidente que el Ejecutivo y el Legislativo proponen un statu quo mediocre que antepone los intereses privados sobre los colectivos. Sin duda, un vergonzoso equilibrio que no entusiasma a nadie. Pero, siendo honestos, eso es más o menos lo que hemos venido teniendo en las últimas décadas, solo que de manera más descarada.
El verdadero dilema para la presidenta es definir cómo quiere seguir gobernando. Esta administración puede continuar apostando por sobrevivir intercambiando favores con una parte del Parlamento o apostar por ser el gobierno que salve la democracia disminuyendo la desilusión política de los ciudadanos. El piloto automático no sirve de mucho en aguas políticas turbulentas. Boluarte debe liderar una administración que se esfuerce por resolver genuinamente los problemas de la población y que emprenda reformas valientes que marquen el rumbo del país. Esto permitiría que su gobierno dejara de depender tanto de parlamentarios poco confiables y se apoyara más en el respaldo de la población. Si la presidenta no logra definir un rumbo razonable para el país, bajo ciertas banderas que sean significativas para la población, podría terminar cayendo pronto, como lo vaticinan sus detractores. Por ello, es necesario que la presidenta deje de dar la impresión de que le queda grande el cargo.