Adelanto huérfano

El año transcurrido desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte ha evidenciado un lento y constante deterioro en su aprobación popular. El dato más reciente de Ipsos para diciembre (9%) muestra una pérdida de 12 puntos porcentuales respecto de la primera medición (21%) del mismo mes del año pasado. Una situación similar grafica el IEP: 19% en enero (la primera medición de Boluarte) y 9% en la última entrega del presente mes.

En cambio, una cifra que casi no se ha movido, permanentemente instalada en torno del 80%, es la referida a la aprobación al adelanto de los comicios. El IEP es la encuestadora que ha preguntado sobre el tema con mayor regularidad. En mayo, el 82% de los encuestados creía que los comicios anticipados eran “lo más conveniente para el país”. La cifra se movió ligeramente en julio (80%) y es muy parecida en el sondeo más reciente de diciembre (79%).

Una revisión al detalle del último dato muestra que el regional es un factor diferencial importante. Lima Metropolitana es el único conglomerado geográfico en el que la cifra se reduce considerablemente (70%). En todos los demás bloques regionales, la cifra es marcadamente superior, con pico en el oriente (88%).

La edad es otro factor relevante para diferenciar las posiciones. Los grupos más jóvenes apoyan en mayor medida el adelanto: 84% entre los de 18 y 24 años, y 85% entre los de 25 y 39, cinco y seis puntos porcentuales más que el promedio nacional, respectivamente. En cambio, entre los mayores de 40 la cifra se ubica en 74%.

El nivel socioeconómico, entre tanto, muestra también marcadas variaciones, con los sectores más privilegiados apoyando el adelanto con menos entusiasmo, mientras, al otro lado, los sectores con menos acceso a beneficios muestran una mayor impaciencia. Así, en los niveles más altos (A/B), la proporción es mucho menor que el promedio (66%), mientras que en los más bajos (D/E) llega a 85%.

Finalmente, y con las salvedades que puede tener la categorización, la autoidentificación ideológica también juega un rol. Entre quienes se identifican de izquierda, el porcentaje es mucho mayor que entre quienes se ubican a la derecha: 90% y 72%, respectivamente.

Al margen de la variación en los distintos grupos, es interesante notar que la demanda por el adelanto es abrumadoramente mayoritaria. El único conglomerado en el que este pedido recibe un respaldo minoritario es aquel que agrupa a quienes aprueban la gestión de Boluarte: 32%.

Esta demanda, sin embargo, permanece huérfana. Ningún actor político o social relevante ha tomado esa bandera o canalizado dicha expectativa. La excepción podría ser la izquierda progresista asentada en el Parlamento, aunque su desgaste tras el gobierno de Pedro Castillo le impone muchas limitaciones.

En el Congreso, entre tanto, se ha optado por no retomar la discusión en torno del tema. En ello coinciden sectores que no quieren perder el poder que ostentan y tienen en ello su principal motivación, y actores que –desde una mirada principista– temen el complicado precedente que sería no cumplir los plazos constitucionales o decidir con base en lo que diga la masa.

El riesgo de que los actores formales no encaucen la demanda de adelanto es que podría propiciarse un desenlace más imprevisto y caótico. A ello podría contribuir el marcado deterioro de los indicadores económicos y sociales de los últimos meses (recesión, inseguridad, crisis alimentaria, por nombrar algunos) y la sensación de que en el liderazgo político carecen de un sentido de urgencia.

El adelanto no es, de ninguna manera, el paraíso. Pero, dado su abrumador respaldo, debería motivar un tratamiento más sensible desde la formalidad política, distinto al desinterés visto hasta ahora.