Concursemos el tráfico aéreo

Nuestra Constitución es letra muerta cuando se trata de las 35 empresas públicas que aún tenemos, pues intervienen en sectores en los que existen empresas privadas o podrían existir si tan solo se abriera un concurso público (recordemos que las empresas públicas solo deben crearse ‘subsidiariamente’ en caso no haya privados que puedan atender el servicio).

Más allá de la legalidad, algo que muchas veces en este país significa poco, el problema detrás de la existencia de estas empresas es que no se manejan como empresas. Son entidades con alta interferencia política, ausencia de incentivos para administrarlas adecuadamente y falta de presión competitiva (funcionan como monopolios legales).

Más todavía, en algunos casos como Córpac, Sedapal y Petro-Perú, las empresas se manejan como cooperativas públicas en las que los dueños en la práctica son los sindicatos. En el caso de Sedapal, existe un convenio colectivo según el cual, al retirarse un trabajador, quien tiene la preferencia para reemplazarlo es el hijo. En ese sentido, Pedro Cateriano reveló que, en el 2016, había alrededor de 2.000 puestos ‘hereditarios’.

Petro-Perú no se queda corto. Según un reportaje de “Panorama”, no solo se paga escolaridad para hijos de hasta 29 años, sino que, al salir de vacaciones, se les paga el doble de sueldo, una especie de tercera gratificación, e incluso se les abona un monto equivalente a lo que dejaron de comer en el concesionario de la empresa (plop).

Y en el caso de Córpac, como reveló “Punto final”, los técnicos que dirigen desde tierra el tráfico aéreo tienen sueldos de entre S/4.000 y S/7.500, pero por horas extras ganan entre S/10.000 y S/50.000 adicionales; con lo que en algunos meses se convierten en los funcionarios mejor pagados del país.

Luego, ojalá fueran feudos bien gestionados. No lo son. En Córpac tenemos solo en los últimos meses controladores aéreos que se duermen en la torre de control, una pista de aterrizaje sin plan de contingencia para apagones ni mantenimiento adecuado por 14 años, además de demoras en tomar las capacitaciones necesarias para poder gestionar la segunda pista del aeropuerto.

Y, en el caso de Petro-Perú, basta decir, como señala Hans Rothgiesser (“Saca tu cuenta”), que para el Perú sería más rentable que Petro-Perú no vendiera nada, ya que en el 2023 tuvo ingresos por US$4.009 millones y costos de venta por US$4.365 millones, una historia que se ha repetido en el primer trimestre del 2024.

¿Y por qué los políticos no deciden que ingrese gestión privada a manejar estas ‘cooperativas’? Por razones políticas. Si intervinieran, los sindicatos harían huelgas y paralizarían sus actividades. Y, para enfrentar este tipo de huelgas, tienes que tener capital político. Tienes que estar dispuesto –si la negociación fracasa– a hacer lo que alguna vez hizo Ronald Reagan: despedir a 11.000 controladores aéreos.

¿En qué cambiaría la situación con gestión privada? Para empezar, las pérdidas no tendrían que ser asumidas por los contribuyentes; es decir, usted, querido lector. Los trabajadores tendrían beneficios acordes con el mercado y no vivirían en situaciones privilegiadas. Y los actos de estas empresas, como el apagón reciente en el Jorge Chávez, tendrían consecuencias. No solo tendrían que asumir grandes multas, sino que la afectación reputacional haría que rueden varias cabezas.

Córpac no es una empresa en la que hayamos invertido miles de millones como en Petro-Perú. Tampoco gestiona un sector en el que es políticamente costoso introducir gestión privada, como el agua. Sigamos a Canadá y el Reino Unido, y abramos un concurso para que los privados manejen el tráfico aéreo.

Desde los años 90, nada cambia a nivel de empresas públicas. Es hora de retomar ese debate.