"Áncash grita", por Mariella Balbi

MARIELLA BALBI
Periodista

Se sabe que Áncash es el departamento que más ingreso por el canon minero tiene. La minería se ha desarrollado sin mucho desencuentro con la población, los conflictos sociales que causa esta actividad extractiva en nuestro país han sido relativamente pocos  en esta región.

A ello ha colaborado la gestión del actual presidente regional, César Álvarez, que está dos períodos en el cargo.

Los indicadores de gestión de este bello y versátil departamento son halagüeños y reconocidos por quienes siguen la ejecución eficiente y oportuna del gasto público.

La pesca y la siderurgia, actividades rentables económicamente, también han dejado bonanza en la región. Se dice que hay corrupción en el gobierno regional ancashino pero a su vez, años atrás, la presidencia ha publicado cifras muy decorosas respecto a la rectitud en el gasto que vienen de la ONG Transparencia. También reportes positivos de la Defensoría del Pueblo que ahora señala que Álvarez se victimiza.

Al parecer, esto quedó en el pasado, porque la seguridad ciudadana en la región Áncash no ha prosperado, más bien se ha convertido en un centro importante de secuestros, extorsión, sicariato, robo, especialmente en Chimbote y Casma. La realidad indica que ello no es privativo de estas ciudades. Junto con Trujillo, Chiclayo y Piura, han convivido con la banda de La Gran Familia que, probablemente, ha sido una de las más poderosas y extensas organizaciones criminales.

Aún no se han extinguido sus ramificaciones y los lugares mencionados están habitados, si no invadidos, por otras bandas de asesinos, de singulares nombres y que –suena tremendo decirlo– dan trabajo a un grupo de gente.

La punta de lanza, la vanguardia –en Chimbote sobre todo– de la delincuencia son los seudosindicatos de construcción civil que paralizan al más pintado, haciendo bajar la cabeza y abrir el bolsillo al más drástico sin chistar. Esta articulista ha podido comprobar que la extorsión a empresarios limeños venía directo en directo de números telefónicos que correspondían a Chimbote.

La pregunta que cae de madura ante este panorama es qué ha hecho nuestra policía para desarticular siquiera una ‘bandita’ en la convulsionada Chimbote. Recursos tiene, lo ha demostrado con La Gran Familia, para lo que se utilizaron policías y fiscales nacionales y no locales que fatalmente son más propensos a la corrupción.

El presidente regional de Áncash es objeto de los cuestionamientos más fuertes sobre los ocho crímenes de personas ligadas a la actividad política que han ocurrido en esta región. Álvarez obviamente se defiende y sostiene que no hay una sola prueba que lo involucre. Además, la policía estableció que en un caso se trató de un crimen pasional.

Entonces volvemos a lo mismo: ¿le creemos o no a la policía? La fiscalía y el Poder Judicial están también en la mira de las críticas. Lo que se observa es que no hay confianza en tres instituciones que son fundamentales para que un país prospere y la democracia también. Áncash y los actores políticos viven bajo el régimen de una mafia cuyo proceder delictivo se debe desentrañar ya. Se ha perdido mucho tiempo.