El futuro de Petro-Perú se torna cada vez más lúgubre. Con sus actuales niveles de deuda (más de siete veces su patrimonio), pérdidas (US$452 millones en la primera mitad del año) y falta de liquidez, es como una bomba a punto de estallar. Pero, así como una explosión cerca de un reservorio de combustible, la onda expansiva pondría en riesgo también la calificación crediticia del Perú y los futuros costos de financiamiento para el Estado, las empresas y las personas.
¿Qué está haciendo el único accionista de la petrolera para evitar este riesgo? Frente al incesante tictac, la estrategia del gobierno de Dina Boluarte ha sido taparse los oídos, porque no quiere asumir los riesgos que implica intentar desactivar el dispositivo.
“No queremos tomar una decisión apresurada”, ha dicho esta semana el ministro de Economía, José Arista, como si más de tres meses no fueran más que suficientes para evaluar e implementar, con decidido apoyo político del Consejo de Ministros, las propuestas que el directorio envió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al de Energía y Minas a inicios de mayo.
Se han logrado algunos avances, pero, como ha explicado su presidente, Oliver Stark, se requieren acciones que escapan de su control, como dispositivos legales, líneas de crédito y un nuevo aporte de capital para continuar con esta reestructuración.
Y no solo eso. Se necesitan mecanismos legislativos que permitan que los cambios que se están haciendo hoy no puedan ser desmantelados pasado mañana, de modo que se pueda generar la confianza necesaria para atraer gestión y capital privado a la compañía.
Nadie dice que estas decisiones sean fáciles. Un aporte de capital, que se calcula en US$2.000 millones, es casi impensable en la compleja coyuntura que afrontan las finanzas públicas, con un déficit que solo un milagro permitiría que cierre el año cumpliendo la meta que se ha impuesto el MEF.
Pero si ese no es un camino viable, se tienen que plantear formas alternativas para que Petro-Perú acceda a la liquidez que necesita o tomar decisiones difíciles como iniciar un proceso de liquidación.
No hay ninguna opción que no tenga altísimos costos para el Tesoro Público y, hay que dejarlo claro, la injerencia política en Petro-Perú es la que ha llevado a la petrolera al hoyo financiero y operativo en el que se encuentra. Pero la desidia del actual gobierno, que solo ha logrado incrementar esos costos, está demostrando ser igual de peligrosa.
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