Batallas extraparlamentarias

Al analizar nuestra política, la atención suele centrarse en las interacciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, marcados por una muy peculiar lógica de confrontación en algunas dimensiones y de acuerdo en otras. Estamos entrampados porque ninguna de las fuerzas en pugna es verdaderamente representativa del sentir de la ciudadanía, y los grupos y personajes más vociferantes, que suelen llamar la atención de la prensa, no hacen sino ahondar la distancia entre el mundo político y los ciudadanos. Pero nuestra política va mucho más allá del pulseo entre los actores formales en la escena oficial; tenemos también pugnas entre sectores sin representación política orgánica, pero con gran importancia e influencia para definir el rumbo del país.

Podría decirse que entre el 2002 y hasta el 2013, con una tasa promedio de crecimiento de 6,1%, había cierto acuerdo predominante en lo económico en torno a la promoción de la inversión y el libre funcionamiento del mercado y, en lo político, alrededor de cierta necesidad de una “segunda ola” de reformas estructurales, con énfasis en el ámbito institucional. Quedaron relativamente relegadas, en un extremo, una izquierda con un discurso crítico frente al orden neoliberal y, en el otro, una derecha asociada a los sectores más duros del fujimorismo y el montesinismo.

Desde el 2014, como receta ante la caída en las tasas de crecimiento (a poco más del 3% hasta antes de la pandemia), un sector pro-mercado tendió a poner un énfasis unilateral en la promoción de la gran inversión privada y a ver en el liderazgo de Keiko Fujimori y Alan García la esperanza de la continuidad del modelo vigente. El costo a pagar fue rebajar progresivamente los estándares en cuanto a tolerancia hacia prácticas de corrupción y en cuanto a metas de fortalecimiento institucional. Al mismo tiempo, otro sector económico liberal terminó inesperadamente coincidiendo con un sector de la izquierda en el rechazo al fujimorismo, a lo largo de los gobiernos de Humala y de Kuczynski.

El drama es que, en los últimos años, la derecha se ha ido radicalizando por un camino cada vez más populista y de rechazo a la institucionalidad democrática, presentando cualquier intento de fortalecimiento institucional como “caviarismo”. Al mismo tiempo, un sector radical de la izquierda, también seducido por un discurso populista, rechazando a sectores más moderados, ha terminado sumándose a la derecha extrema en torno de la reivindicación de valores conservadores y en el menosprecio a lógicas institucionalistas.

La reciente elección de magistrados del Tribunal Constitucional, la aprobación de la ley que modifica la composición del consejo directivo de la Sunedu, la ley que hace participar a “las asociaciones civiles constituidas e inscritas en los registros púbicos” en la definición de programas y textos educativos, estableciendo que “la educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política”, y que busca limitar la implementación del enfoque de género en la currícula escolar, son ilustración de esta línea de disputa. Esta batalla también se librará en torno al nombramiento del próximo defensor del Pueblo, el futuro fiscal de la Nación y alrededor de la autonomía de los organismos electorales, entre otros.

En medio de estas pugnas, surgen muy serias denuncias de corrupción que comprometen a altos funcionarios del Gobierno y al círculo cercano del presidente de la República, así como escandalosas manifestaciones de incompetencia en la respuesta a problemas críticos, como la emergencia alimentaria. Pero la respuesta a estos problemas tiene que pasar necesariamente por el respeto de la legalidad y la defensa de la institucionalidad. Gobiernos anteriores también enfrentaron denuncias y problemas similares, y no por ello se tomaron atajos extrainstitucionales. Por supuesto, el presidente Castillo, con su silencio y falta de gestos y decisiones claras, agrava su precaria situación y puede terminar haciéndola insostenible. Pero atención, que, más allá de las disputas visibles entre los actores políticos de la escena oficial, hay otras más de fondo en curso.