Cambio en los valores

La semana pasada, el Congreso nombró a seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), ejerciendo ciertamente sus atribuciones, aunque mediante procedimientos no tan transparentes como hubiera sido deseable. Desde el inicio de su etapa democrática, digamos desde el 2002, y a lo largo del tiempo, el TC mantuvo una composición relativamente plural. Esto porque, al ser designado por el Congreso con una mayoría calificada, requería algún tipo de selección y negociación en el que sectores diversos se sentían relativamente representados o expresados a través de figuras de relativo consenso. En esta ocasión, llama la atención la distancia que se registra entre un Parlamento en el que existe un relativo equilibrio entre gobierno y oposición, así como entre posturas supuestamente de izquierda, centro y derecha, y un TC que expresa un acuerdo político muy conservador. En vez de un TC que, como en el pasado, lograra cierto equilibrio entre posturas más liberales y conservadoras, entre concepciones del derecho más innovadoras y “activistas” con otras más tradicionales y reactivas, y entre concepciones con más énfasis en la protección de derechos sociales frente a la defensa de las libertades económicas, en esta ocasión, claramente, predominan los defensores del segundo lado de la balanza.

Una gran lección es que, más allá de las diferencias políticas entre gobierno y oposición y entre posturas de izquierda y derecha, el Congreso actual encuentra una amplia zona de acuerdo en posturas, para resumirlo en una palabra, conservadoras. La derecha se ha alejado de posturas liberales y la izquierda, de posturas progresistas, por así decirlo. El periodista Marco Sifuentes, al comentar este resultado, decía que en cierta manera con la elección de este nuevo TC se cerraba una etapa iniciada en el 2001, en la que vivimos un cierto sentido común más plural, para entrar en una etapa más bien regresiva en materia de derechos. Parece aplicarse aquí el dicho de que no se aprecia lo que se tiene hasta que se pierde.

Mirando al pasado, no es que el período 2001-2016 haya sido particularmente liberal o progresista en cuanto a valores. Del gobierno de Alejandro Toledo podría decirse que era tímidamente liberal, pero el de Alan García tuvo un carácter conservador y el de Humala resultó teniendo tintes liberales muy a regañadientes. Pero gobiernos relativamente débiles, sin convicciones muy bien definidas en cuanto a valores, se dejaron influir por corrientes internacionales, redes de expertos y por el contexto de gobiernos progresistas que se impusieron en la región. Así, lograron avanzar en algo agendas vinculadas a derechos humanos, equidad de género, reivindicación de derechos de la población indígena, de minorías sexuales, y otras. Nuevamente, estas banderas prosperaron por los márgenes que dejaban gobiernos que buscaban legitimidad interna y externa, antes que por las convicciones de estos.

La novedad es que la derecha ha desarrollado una tendencia marcadamente conservadora en los últimos años, al igual que otras derechas en el mundo y en la región. Y que en esto se encuentra con un sector de la izquierda, ahora en el poder, que cree recuperar la pureza revolucionaria distanciándose de una izquierda más progresista en el terreno de los valores. Es una izquierda que resulta más bien populista, reivindicando a un pueblo construido en torno a valores tradicionales, provincianos y a reivindicaciones “materialistas”, distanciada de una izquierda más globalizada, “limeña” y preocupada también por demandas identitarias.

Ciertamente, parecemos estar asistiendo al final de una época. Se rompió el sentido común económico neoliberal, así como cierto sentido común pluralista y tolerante en términos de valores. Parece estarse consolidando en la representación política un nuevo sentido común populista, en el que la estabilidad económica y la promoción de la inversión dejan de ser mandamientos y se dejan de lado la preocupación por la imagen del país en términos internacionales y la consideración por la opinión de los académicos y expertos en nombre de la reivindicación y defensa de los “intereses populares”.