En el Cara y Sello de hoy el abogado penalista Andy Carrión y el abogado especialista en extradiciones Alberto Huapaya analizaron la situación del expresidente Alejandro Toledo y el proceso de extradición que enfrenta en los Estados Unidos. Aquí un resumen de sus intervenciones.
Con respecto a los posibles recursos que la defensa de Toledo podría seguir presentando para dilatar la extradición del expresidente, el Dr. Huapaya, involucrado en la realización del tratado sobre extradiciones vigente desde el 2003, señaló que lo único que se puede dilatar ahora es la discusión, porque la extradición ya está concedida.
Además, señaló que para conseguirla bastaba con información creíble, con fuentes legítimas y pruebas que sostengan al menos un elemento sólido que señale al sospechoso como posible implicado en el caso. No se requiere absolutamente toda la evidencia para conceder la extradición. Después de todo, Estados Unidos no es quien juzgará a Toledo.
Entonces, señaló el Dr. Huapaya, nos encontramos ya en el momento de la ejecución de la extradición, y lo que está haciendo Toledo, para ganar algo más de tiempo, es presentar recursos no contemplados en el tratado sobre extradiciones. Ello requiere una respuesta de la autoridad estadounidense y, al ser elementos no contemplados, se están tomando su tiempo.
Otro posible recurso del que podría agarrarse Toledo –entendiendo que todo puede esperarse de él– tiene que ver con su identidad. El expresidente tiene un segundo nombre, “Celestino”, y podría aprovecharlo para dilatar algo más el proceso si es que se detectan incongruencias con respecto a su nombre en distintas partes del proceso.
Por otra parte, el abogado Andy Carrión contextualizó la próxima llegada de Toledo a nuestro país. Recordó que son dos los procesos principales en su contra: el primero relacionado a los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica –en el que habría recibido un soborno de US$35 millones– y el segundo relacionado al lavado de activos a través de la empresa de su suegra Ecoteva. Fue el primero de los casos el que gatilló la extradición, para el cual la justicia peruana dictó 18 meses de prisión preventiva. Por ello, señala el Dr. Carrión, apenas Toledo ingrese al Perú deberá enfrentar este pedido de prisión preventiva pendiente y, a partir de entonces, se empezarían a contar los 18 meses.
La extradición, recalcó el abogado, es estrictamente por el caso interoceánica. La extradición por el caso Ecoteva aún está en trámite. Pero no ello no es un problema para que el expresidente haga frente a la justicia, pues el caso Odebrecht es en realidad uno de los más robustos que tiene la fiscalía. Cuenta con testimonios de colaboradores eficaces como el fallecido Josef Maiman, pero también con declaraciones del propio Alejandro Toledo, quien, después de algunas declaraciones confusas, finalmente aceptó haber recibido esos sobornos a través de terceros.
En cuanto a la extensa duración del proceso de extradición, el abogado Huapaya señala que esta responde a la extensión del expediente presentado. En su opinión, se presentaron pruebas excesivas, resultando en un expediente voluminoso que los abogados representantes del Estado Peruano en el proceso de extradición debieron estudiar de manera detallada. Lo ideal, de acuerdo con el Dr. Huapaya sería un expediente somero pero concluyente, de alrededor de unas 100 páginas. Si a esto sumamos que los representantes legales deben tratar con dos sistemas de justicia distintos (el peruano y el estadounidense) se ralentiza la resolución del proceso.
Entonces, ¿cuándo veremos al expresidente en territorio nacional para hacer frente a la justicia? Ante esta incertidumbre, los abogados nos recuerdan que todo se puede esperar del expresidente Alejandro Toledo, pero, en un mundo ideal, sería este mismo año.