Yeni Pereira ha venido a mi programa “Sin peros en la lengua” en estado de ‘shock’. Camina anestesiada, como si todavía no terminara de comprender lo que ha pasado con Claysont, su hijo mayor asesinado en La Convención. En sus manos tiene el DNI amarillo, también una fotografía. “Lo único que busco es justicia, sé que un policía mató a mi hijo y debe pagar”.
Yeni Pereira respira hondo para narrar los hechos. Claysont Huillca Pereira tenía solo 16 años cuando fue acribillado mientras bajaba por un cerro. Sucedió hace un mes. Era la primera vez que participaba en una protesta y le había pedido permiso a su mamá para asistir; Yeni autorizó sin saber que sería baleado, que los policías le gritarían terruco y que lo mirarían pasar sangrando y moribundo sin auxiliarlo. Se enteró cuando vio el video que un amigo grabó mientras su hijo agonizaba. “Quizá como era gordito no alcanzó a correr mientras caían las balas, ninguno de ellos estaba armado y el ministro lo sabe”. Este 5 de octubre Claysont cumplía 17 años.
“Lo único que le pido al ministro Urresti es que me diga quién le disparó a mi hijo. Lo único que le pido es que piense que él también es padre”. El ministro Urresti ha dicho que la señora Yeni no debe increparle a él sino al fiscal de turno. Que él ya comenzó sus averiguaciones, pero que todo depende del Ministerio Público. Urresti también ha dicho que dos policías portaban ese día fusiles AKM. No ha revelado sus nombres. Uno de ellos habría matado a Claysont.
Es curioso. El ministro Urresti suele conversar con diversas personas que “espontáneamente” le festejan y hasta le piden ser presidente, pero cuando una humilde madre de la sierra cusqueña le pide explicaciones por la muerte de su hijo y le enseña pruebas para que no se vaya por la tangente, el ministro solo utiliza a los periodistas para responder. Nunca la ha recibido en su despacho, nunca le ha dado el pésame. ¿Yeni Pereira no merece un solo gesto de compasión? A su hijo lo habría matado un policía, por si acaso. ¿Qué otro dato necesita para recibirla? Urresti no es el único indiferente; la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, también ha pecado. Ninguna autoridad del Estado ha ayudado a esta mujer a enterrar a su hijo, fueron sus amigos quienes hicieron una colecta para pagar el sepelio. Espero que la primera ministra, Ana Jara, se interese y muestre una pizca de solidaridad.
Desde que Ollanta Humala inició su gobierno, 32 peruanos han muerto en protestas sociales. De este número nadie quiere hablar salvo la congresista Verónika Mendoza, quien no deja de alzar la voz. ¿Alguna vez querrán escucharla? ¿Solo importan los muertos del enemigo político? ¿O los muertos en protestas solo son usados para llegar al poder?