Se hace muy difícil pensar en estos días en la posibilidad de hacer reformas estructurales en el país, por más urgentes que resulten. El politólogo Eduardo Dargent ha escrito un libro (“El páramo reformista”) en el que revela descarnadamente su pesimismo al respecto y exhorta a la ciudadanía a ser quien las exija. Pero es tal la polarización política e ideológica en la que vivimos que muchos no vislumbran cómo podrían alcanzarse los consensos mínimos requeridos para emprender cualquier esfuerzo reformista.
Este es un status quo penoso y contra el que hay que luchar incesantemente, porque el Perú no requiere una, sino múltiples reformas estructurales para insertarse realmente en la ruta al desarrollo. Y el problema frecuentemente es que damos por perdidas esas batallas antes de tiempo, no solo porque vemos poco probable que nuestros políticos se embarquen en algo que no les va a dar réditos en el cortísimo plazo, sino porque asumimos que los niveles de discrepancia son tales que no hay una “zona de posible acuerdo”, como dicen los expertos en negociación. Para qué ponernos a discutir entonces, si nos vamos a terminar peleando y nada va a salir de ese esfuerzo.
Si algo caracteriza al debate público en nuestros tiempos, tan influido por el efecto centrífugo de las redes sociales, es que tendemos a sobredimensionar aquello en lo que discrepamos y a subdimensionar aquello en lo que de hecho podríamos coincidir, y la discusión sobre lo primero tiende a volverse tan agresiva que se quiebra la confianza requerida para pasar a lo segundo y sellar al menos ciertos acuerdos sobre los que podríamos seguir construyendo más adelante.
Resistiéndonos a perder la esperanza en que podemos tener debates alturados y verdaderamente constructivos en el país sobre reformas urgentes, decidimos con Comité de Lectura abrir una línea de trabajo para moderar diálogos estructurados que buscasen desarrollar propuestas de consenso en temas de relevancia nacional. Mientras pensábamos con qué tema empezar, conocimos algunas experiencias internacionales como las que había impulsado Sura con su proyecto “Diálogos Improbables” y decidimos armar con apoyo de ellos (están vinculados localmente a AFP Integra) un diálogo sobre la reforma del sistema de pensiones. Acordamos que Comité de Lectura tendría absoluta autonomía para elegir a los participantes, establecer las reglas y moderar la conversación.
Invitamos a un grupo de 12 especialistas a participar ad honorem en este proceso, procurando que hubiese suficiente diversidad ideológica y balance entre posiciones pro gestión pública y pro gestión privada de los fondos de pensiones como para que hubiese un debate de verdad, y establecimos que trabajaríamos por seis meses con reuniones quincenales para idealmente cerrar con un documento final que solo tuviera aquellas propuestas que se hubiesen aprobado por unanimidad. Es decir, cualquiera de los participantes tenía capacidad de veto, pero debía ser así porque no queríamos propuestas de parte o por mayoría, sino consensos.
Al cabo de esos seis meses, con 11 reuniones en total y decenas de conversaciones individuales con cada uno de los dialogantes para entender cuáles eran sus posiciones y cómo acercarlas entre ellas, el grupo llegó a consensuar 19 propuestas. El documento final fue suscrito a título individual por Norma Correa, Aldo Ferrini, Alice Gutiérrez, Eder Machaca, Álvaro Monge, Javier Olivera, Carlos Puga, David Tuesta, Gabriela Vega Franco y Paola Villar. También participaron Hugo Ñopo y Álvaro Vidal, aunque no pudieron acompañarnos hasta el final.
Como podrá apreciar cualquiera que haya estado siguiendo la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones, en esa lista hay personas que han discrepado públicamente en múltiples ocasiones y, sin embargo, aquí lograron ponerse de acuerdo en al menos 19 planteamientos, con un desprendimiento como el que se necesita para que las democracias funcionen.
No me alcanza la columna para referirme a todo lo que se acordó (pueden encontrar el documento completo en www.comitedelectura.pe), pero sí quisiera citarles el primero de los 19 consensos:
“Queremos que exista en el Perú un sistema integrado de pensiones, legítimo, con sostenibilidad financiera e institucional, centrado en la persona y su derecho a la seguridad social, que funcione sobre la base tanto del ahorro como de la solidaridad, y que sea parte, a su vez, de un sistema más amplio de protección social que lo complemente y potencie”.
Hay múltiples propuestas de reforma del sistema de pensiones que se están discutiendo en estos días. No me corresponde afirmar que una es mejor que las otras. Pero lo que sí puedo decir, enfáticamente, es que, entre especialistas al menos, sí se puede llegar a consensos sobre cuáles deben ser los fundamentos de esa reforma. Falta que nuestros políticos se convenzan también de que eso es posible y que así podamos, de paso, darle la oportunidad a Eduardo Dargent de escribir un siguiente libro más optimista.