Editorial El Comercio

Resulta llamativo cómo a algunos funcionarios les cuesta detectar un intento de regulación a los medios cuando este aparece bajo un envoltorio inofensivo. Hace unos años, por ejemplo, cuando se aprobó en el Congreso la llamada , sus defensores aseguraron que buscaban salvaguardar los recursos que el Estado destina en contratar anuncios que quiere hacer llegar a la ciudadanía a través de determinados medios de comunicación privados, y no faltaron quienes les creyeron, cuando en realidad esta tenía como objetivo castigar a los medios a los que el entonces titular del Parlamento, Luis Galarreta, había calificado de por ventilar las frívolas adquisiciones de televisores y frigobares de su gestión.

Ayer la ministra de Cultura, , fue consultada en RPP por el proyecto de ley que busca, en apariencia, promover la difusión de la cultura nacional a través del incremento de las cuotas que la legislación peruana ya estipula para dicho fin. Ella manifestó que con la iniciativa y alegó que “somos el país que menos porcentaje tiene [para] promover estos contenidos”. Consultada por el entrevistador si más bien esa no debería ser una labor de los medios del Estado, además, retrucó: “Pero también los privados podrían sumarse”.

Como mencionamos hace un mes , el problema con esta iniciativa y con los dictámenes que se han aprobado a partir de esta no es que los legisladores quieran promover y difundir la cultura nacional. ¿Quién podría oponerse a ello? El problema es que se apele a un fin loable para tratar de regular el trabajo de los medios de comunicación (radiales y televisivos, en esta ocasión) y poder castigarlos incluso revocándoles la licencia que se les ha concedido para que puedan operar. Aquí la promoción cultural es el envoltorio para afectar, una vez más, el trabajo periodístico. Y preocupa que la ministra de Cultura no sepa (o no quiera) detectar esto.

Ya lo dijimos antes y lo recordamos ahora. Tanto de las comisiones de Cultura y Transportes y Comunicaciones del Congreso buscan modificar dos leyes que ya fijan porcentajes mínimos de producción nacional y difusión de contenido cultural en las empresas de radio y televisión: la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, que establece que “deberán destinar no menos del 10% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana”, y la Ley de Radio y Televisión, que estipula que “deberán establecer una producción nacional [que puede o no ser de temas culturales] mínima del 30% de su programación” a la semana.

Lo que busca el , en buena cuenta, es elevar esa cuota al 30% o 40%, dependiendo del dictamen que uno revise; que dicho porcentaje se cubra diariamente y no de manera semanal; que una parte de este se reserve a la “música nacional emergente” (que nadie sabe qué es); y –lo más preocupante de todo– que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgue o renueve las licencias de funcionamiento solamente a aquellas empresas radiales y televisivas que acrediten que cumplen estas disposiciones. Por lo que, más allá de la evidente injerencia en la programación de un medio privado con conceptos, además, poco claros, esta ley le daría al Ejecutivo del que la señora Urteaga forma parte una herramienta con la que hoy no cuenta para revocarles o denegarles la licencia a medios que potencialmente puedan resultarles incómodos.

Es cierto, como dice la titular de Cultura, que los medios privados “podrían sumarse” a las labores de difusión de la producción nacional, pero esta debería ser siempre una facultad de cada medio y no una imposición que conlleve, además, la amenaza de negarles una licencia.

Seguramente el ministerio que lidera la señora Urteaga puede idear otras maneras de apoyar la difusión de nuestra cultura que no sea respaldando una iniciativa que apela a esta como mascarón de proa para afectar el trabajo de los medios.

Editorial de El Comercio