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El debate en el Congreso sobre la fórmula de “terrorismo urbano” es un claro ejemplo del manejo antitécnico que continúa primando en la actual gestión del presidente Eduardo Salhuana. El equipo de Salhuana recurrió a una “mesa técnica”, desde donde salió la idea del cambio de nombre a “criminalidad sistemática” que no aportó nada al debate. Así, un Salhuana que quiso mostrarse como “líder” en la lucha contra la delincuencia acabó con más de una derrota y sin la capacidad de articular una fórmula contra la extorsión.
Lo que nos deja el mal manejo del equipo de Salhuana es una alerta sobre lo que parece será el modus operandi en la actual gestión de Alianza para el Progreso. Estamos hablando de un estilo donde el protagonismo del presidente termina entrampando los debates y donde la única forma de sobrevivir será cediendo ante propuestas antitécnicas. Salhuana ya recibió la primera amenaza de censura, donde tuvo que recular a su anuncio por debatir en el pleno la derogación de la ley de crimen organizado.
Este escenario nos lleva a estar atentos a otras fórmulas que están en la agenda lista para entrar al pleno y que pueden tener un tratamiento antitécnico como el visto en el caso del “terrorismo urbano”. El mejor ejemplo es la iniciativa sobre masificación del gas, que arrastra un trámite de terror: ha tenido dos dictámenes, tres textos sustitutorios, ha sido observado dos veces por el Ejecutivo, ha tenido tres reconsideraciones y tres pedidos de aclaración.
La iniciativa en mención se encuentra en cuarto intermedio desde la legislatura pasada, y está lista para volver a ingresar al debate en el pleno en cualquier momento que lo disponga el presidente Eduardo Salhuana (o que a su equipo se le ocurra realizar una “mesa técnica” sobre el tema).
El problema con la iniciativa de la masificación de gas natural cuenta con temas de fondo, que son un claro ejemplo de cómo la Comisión de Energía y Minas, presidida por la izquierda legislativa, desvirtúa cualquier buena propuesta. La iniciativa original contemplaba la creación de la tarifa nivelada con alcance a todos los clientes regulados de gas natural (hasta 900.000 m3/mes), con dos propósitos: nivelar los precios finales de gas natural en todo el país (a la fecha, en regiones se paga más que en Lima) y garantizar la construcción de más redes de gas para atender unos tres millones de hogares adicionales (nuevamente, pensando en el interior del país).
En las idas y vueltas, y pese a que entidades técnicas y del sector privado se habían pronunciado a favor de la fórmula inicial con solo algunos ajustes, la Comisión de Energía y Minas decidió limitar el alcance de la tarifa nivelada a solo una parte de los clientes de gas natural (hasta 50.000 m3/mes), lo cual haría inviable la masificación del gas natural en todo el país.
Este es solo uno de los ejemplos que, de no corregirse, corren el riesgo de terminar en fórmulas inviables y poco efectivas como la de terrorismo urbano. No es casualidad que la ley de terrorismo urbano y la de masificación de gas terminen siendo fórmulas inviables en manos de comisiones presididas por bancadas izquierdistas. Es momento de que el denominado “bloque democrático” empiece a darse cuenta de que dejarle las puertas abiertas a la izquierda en temas tan importantes puede terminarles costando caro para las próximas elecciones.
