Cuestión de confianza, por Javier Díaz-Albertini

‘Conflicto’ es la palabra más común al describir el proyecto Tía María. Y, al momento de buscar soluciones, la más frecuente es ‘confianza’. Autoridades, representantes del empresariado, dirigentes sociales y expertos varios, todos –casi al unísono– reclaman que es necesario “generar” confianza. Titánica tarea en un país con uno de los niveles más bajos de confianza interpersonal e institucional en el mundo. Inclusive resulta curioso que tengamos organismos y especialistas en la resolución de conflictos, pero casi nada en cómo se logra la anhelada confianza.

Como estudioso del tema, les puedo decir que no hay bien más preciado, pero al mismo tiempo frágil. Es así porque en toda relación social se corre el riesgo de traicionar o ser traicionado. Siempre uno se expone al entregarse al otro y eso es confiar: una maravillosa vulnerabilidad que nos permite lograr mucho más al disminuir los temores que sentimos al relacionarnos con los demás. No obstante, justo al bajar la guardia, se encuentra su mayor debilidad: nos deja desarmados. Y esto es aplicable a relaciones amorosas, de amistad, negocios, crédito y hasta políticas.

Podemos definir a la confianza como “la creencia de que los demás se comportarán de acuerdo a nuestras expectativas”. ¿Y cuáles son estas expectativas? Que un amor exclusivo sea fiel, un préstamo devuelto, un secreto compartido protegido, una promesa cumplida, un contrato respetado, un acuerdo honrado.

Lo primero que debe quedar en claro es que la confianza siempre se construye sobre experiencias en el pasado. Hay expertos que consideran que los niveles y formas que asume es una parte de nuestro bagaje cultural. Mientras que otros enfatizan un origen más bien conductual, señalando que es resultado de reiterados intercambios sociales que fortalecen o debilitan la percepción de la responsabilidad de los demás. En el fondo, estas opiniones solo expresan una diferencia en énfasis, ya que reiterados intercambios –con el tiempo– se transforman en parte de las normas de reciprocidad de una cultura. De ahí que el predicado más apropiado sea “crear o construir” confianza.

¿De qué depende? ¿Cuáles son los aspectos esenciales que deben consolidarse en el pasado?

En primer lugar, tendemos a confiar más en aquellos con los cuales compartimos un proyecto común, sea este social, religioso, ideológico o político. Se conforma así una comunidad con un talante ético similar. En el último estudio mundial de valores, el 57% de los suecos dijeron que confían en gente que conocían por primera vez, mientras que en el caso de los peruanos solo confía el 5%. ¿Qué explica esta enorme diferencia? Bueno, que los suecos confían en que la mayoría –aun los desconocidos– se adhiere a un mismo sistema valorativo y normativo. Sin embargo, nuestro país carece de proyectos comunes, inclusive en cuestiones tan básicas como planes concertados de ordenamiento territorial que permitirían establecer de antemano los lugares, momentos y modalidades de la minería y otras actividades económicas.

En segundo lugar, confiamos en personas e instituciones competentes, es decir, que puedan cumplir con lo encomendado. La competencia es una de las razones fundamentales por las cuales confiamos –por ejemplo– en el trabajo de un médico, psicólogo, abogado o albañil. En nuestro caso, no confiamos en el Estado –actor esencial– porque consideramos que no es capaz de regular la actividad empresarial. Por el contrario, interpretamos su avidez y apuro en concretar inversiones como una señal de que ya tomó partido.

En tercer lugar, la confianza también depende del nivel de cumplimiento de las obligaciones mutuas, es decir, de la reputación del otro. En este punto, desafortunadamente, nos encontramos con muchos actores sociopolíticos con recorridos torcidos y corruptos, por decir lo menos. Los constantes incumplimientos, engaños y encubrimientos de muchas empresas mineras, autoridades y dirigentes, por ejemplo, hablan por sí mismo.

Vemos, entonces, que, en un entorno caracterizado por la desconfianza, el Estado es llamado a ser el primero en dar muestras fehacientes de transparencia, coherencia y consecuencia. Ello implica ir mucho más allá de ser un mero alentador de inversiones para convertirse en un promotor de los derechos de los ciudadanos. Cuando veamos que el Estado tenga como principal preocupación nuestro bienestar, entonces la confianza caerá por su propio peso.