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Alberto Fujimori está sentenciado por varios delitos, sumamente graves. A pesar de eso, conserva varios derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a un abogado, a asistencia médica… también el derecho a la libre expresión.
La libertad de expresión es un derecho que no se pierde, es un derecho fundamental.
Un grupo de parlamentarios fujimoristas no cree que el derecho a la expresión sea fundamental. Cree que depende de una condición judicial o fiscal.
Úrsula Letona, Alejandra Aramayo, Héctor Becerril, Luis Galarreta, Rolando Reátegui y Milagros Takayama han firmado un proyecto de ley para la historia, recibido por la Oficialía Mayor el 9 de marzo pasado (1027/2017-CR).
El objeto de este proyecto es “garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna de la sociedad, y fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y la sociedad civil”.
Este proyecto pretende evitar la influencia “en contenido y línea editorial” que pueda relacionarse a actos de corrupción. Se refiere a propietarios o directivos de medios de comunicación.
En otras palabras, se quiere extender el castigo sobre delitos de corrupción al ámbito de la libertad de expresión. Esa es una línea que nadie debe franquear. Es como decir que el castigo por un delito de corrupción debe incluir la eliminación del derecho a asistencia médica o legal.
El proyecto dice que no podrán ser directores periodísticos, editores, etc. “las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.
Estos legisladores creen que perjudicar económicamente al Estado es más grave que violar, matar o involucrarse en narcotráfico. Ninguno de esos delitos extiende la punición al ámbito de los derechos fundamentales. El Estado, además, no es la sociedad civil, ni equivale a los medios de comunicación. Para estos legisladores se trata de la misma persona jurídica.
El proyecto no solo habla de los que han tenido sentencia firme. Incluye, además, a los que son investigados por el Ministerio Público. Para terminar con la libertad de expresión basta, entonces, una investigación fiscal.
Lo que quiere este grupo de parlamentarios es legalizar el abuso que se cometió, por ejemplo, contra Baruch Ivcher, a quien se le escamoteó la propiedad de su canal de televisión por procesos fiscales y judiciales manipulados por Vladimiro Montesinos con la anuencia de Alberto Fujimori. Abrimos investigación fiscal a los propietarios y cambian todos los medios.
Las ansias de controlar bajo la coartada de la lucha anticorrupción no quedan ahí. Se extienden al poder populista.
“Los ciudadanos –plantea el proyecto– ejercen la veeduría en la conducción de los medios de comunicación como un mecanismo legítimo que garantice su derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios de comunicación dentro de la libertad de expresión y de prensa…”.
Los ciudadanos no tienen nada que ver con la conducción de los medios. Los mecanismos de control sobre los medios están en la ley y en el Código Penal. Y no es la “ciudadanía” la que controla, sino el juez, cuando se trata de la vulneración por la prensa de un derecho específico de persona específica.
Las “veedurías ciudadanas” suelen nacer de la sociedad civil, a través de asociaciones u ONG. Son para los que creen que organizaciones de ciudadanos tienen algo que decir sobre contenidos o uso de los medios. Convertir eso en mandato gubernamental es un contrasentido, porque de lo que se trata es de controlar el poder político, no de extenderlo.
En suma, este proyecto debe ser liquidado en la Comisión de Constitución, pero, además, debe ser repudiado por todo el que esté atento a los intentos de extender el poder político a los medios de comunicación. Más aun si se trata de los derechos fundamentales.
La libertad de expresión es un derecho de todas las personas, incluso de condenados como Alberto Fujimori. Estos parlamentarios fujimoristas no tienen derecho a conculcar este derecho fundamental.
