El imperio de la ley, el orden y las normas; por Marco Kamiya*

Belice es un bello país que colinda con México, Guatemala y el mar Caribe. Su idioma es el inglés y tiene como monarca (‘de jure’ se dice, que significa ‘de derecho’) a la reina Isabel de Inglaterra. En el 2007 las comunidades mayas en su territorio lograron una victoria sin precedentes cuando la corte suprema les concedió el derecho de propiedad para el uso colectivo de la tierra, esto con base en la misma Constitución. Imagínense el significado de este veredicto, se avala la propiedad colectiva y se defiende un reclamo basado en propiedad centenaria.

Esto recuerda a Hernando de Soto, el economista peruano que tiene dos grandes contribuciones: el haber modernizado el tema de los obstáculos que afectan a la productividad (“El otro sendero”) –idea que lo emparenta con Ronald Coase y la teoría de los ‘costos de transacción’– y los derechos de propiedad (“El misterio del capital”), que activan el valor endógeno de las propiedades y de la gente –idea que lo vincula con David Landes y Douglass North–. De Soto fue inspirador del proyecto del Banco Mundial Costo de Hacer Negocios y ha trabajado en países tan diversos como el Perú, Egipto, Tanzania, Honduras y las Filipinas en programas que proveen derechos de propiedad para la mejora de barrios marginales. Hay que decir que en el campo del desarrollo nunca hay proyectos perfectos y De Soto tiene admiradores y críticos, pero no se puede desconocer su importancia.

El tema en Belice es que con la propiedad colectiva se esperaba que se detenga la explotación indiscriminada de recursos y la apropiación de terrenos por terceros para que las comunidades mayas florezcan, pero al cabo de los años eso no ha ocurrido. La presión de inversionistas equipados con abogados y redes de influencia es más contundente que el inicial dictamen jurídico. Así esta historia muestra que los derechos de propiedad son condición necesaria, pero que falta algo más.

¿Por qué los derechos de propiedad no son suficientes? Katharina Pistor, profesora de la Universidad de Columbia, ofrece una explicación en su estudio “El código del capital” (“The Code of Capital”, Princeton University Press, 2019). Pistor explica que las leyes no son abstractas. Para que algo tenga valor se requiere de normas y regulaciones que lo avalen, así la propiedad de terrenos, emisión de bonos, y de empresas están respaldadas por una ley, y esa ley es local o nacional. Para implementar normas que otorgan derechos de propiedad se necesita un abanico de recursos, y son los abogados quienes al final interpretan y crean las regulaciones que permiten el usufructo financiero de un terreno, un edificio, una casa y una empresa. Ese conjunto de leyes y normas es parte del gran sistema que es ‘el imperio de la ley’.

Pistor va más allá. Dice que en Londres y Nueva York abogados de alto nivel diseñan los instrumentos financieros globales. Las normas internacionales están dominadas por el derecho común inglés (‘common law’, o derecho anglosajón) con base en Londres y por las leyes de la ciudad de Nueva York. En esas ciudades un ejército de abogados empleados por grandes corporaciones trabajan convirtiendo activos en fuente de ingresos, tales como bonos, acciones, bienes raíces, derechos de deuda, y procedimientos de bancarrota, y lo que se decide tiene un poder extraterritorial, casi global.

Así, el ‘imperio de la ley’, que es el conjunto de normas y leyes que sirven de contrapeso al sistema político, y al potencial abuso de los poderosos, debe ser fortalecido con recursos. Pero tal vez ese es el problema, que el sistema de gobernabilidad que debe proveer leyes, normas, garantizar su aplicación y estabilidad, es débil en muchos países en desarrollo. Los mejores abogados trabajan para el sector privado o inversionistas individuales, y entonces su capacidad es desmedida frente a los limitados recursos del sector público. De este modo, el sistema no es igualitario ni neutral.

Alguien dijo esta provocativa frase: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” –con variantes, en México la atribuyen a Benito Juárez, en Argentina a Juan Domingo Perón, y en el Perú al Mariscal Benavides–. El dicho es jocoso pero triste porque revela un profundo desdén por la leyes y normas y desconfianza en la gobernanza de los países. Construir el imperio de la ley, con convicción en el orden legal y buenos profesionales es la base de la prospectiva y visión del futuro.

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