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La inflación es uno de los problemas más graves de la economía. El Gobierno no tiene idea de cómo se produce el alza de precios. Dicta medidas erradas y crea mayor confusión.
La inflación es un fenómeno monetario. Se produce cuando hay mayor cantidad de unidades de moneda comparada con la cantidad de unidades de bienes y servicios.
El Gobierno cree que los precios se establecen en función de los costos. Este error teórico le hace pensar que, si se reduce un costo, el precio debe bajar. No es así.
Se supone que el IGV, por ejemplo, a la gasolina, es uno de sus costos. En el pensamiento mecánico del Gobierno, reducido un costo, debe bajar el precio de venta al público.
Los precios, sin embargo, siguen subiendo. El precio depende más de la oferta y la demanda. Depende, sobre todo, del valor que las personas asignan a los bienes y servicios, en función del dinero con que cuentan.
La gasolina seguirá subiendo. La oferta se ha reducido a nivel internacional y eso ha elevado los precios (¡no los costos!).
Se puede contener la inflación a través de medidas monetarias. El otro lado de la inflación es la producción. Si esta aumenta, se reduce el impacto monetario.
El BCR ha aumentado su tasa de referencia, pero no es suficiente. Su problema es que, si ajusta demasiado la oferta monetaria, produce recesión.
Hay que buscar la solución, entonces, por el lado del aumento de la producción.
La alta cotización del cobre ha inyectado ingentes cantidades de dinero en la economía.
Gracias a los impuestos mineros, principalmente, se ha reducido el déficit fiscal. Llegó a 1% del PBI en abril de este año, frente a 8,9% en febrero del 2021.
En lugar de ahorrar y pagar deudas, sin embargo, el Gobierno ha aumentado el gasto no financiero del sector público en 15,3% (en abril del 2022 frente a abril del 2021). Y hace locuras como regalarle 750 millones de dólares a Petro-Perú.
En vez de alentar la producción, el Gobierno hace todo lo posible para dificultarla. El caso de Las Bambas es emblemático. El primer ministro Aníbal Torres decidió no resolver el conflicto creado por los comuneros, consagrando así la paralización de la producción.
En lugar de preocuparse por la inversión y la mejora de la economía, el Gobierno alienta el conflicto y el desorden político.
El proyecto de una asamblea constituyente es ejemplo de ello. La inestabilidad política y el cambio abrupto y politizado de reglas parecen ser un objetivo más de la tarea destructora.
El Gobierno no facilita la disciplina productiva del país; más bien azuza a la población. La economía mundial no va a mejorar. Se estima que habrá escasez de alimentos a nivel global y eso significa aumento de precios.
La inflación impacta más a los más pobres (ver “La inflación para los hogares más pobres supera el 9%”, El Comercio, 21/5/22, p. 13).
La receta para detener la inflación es aumentar la producción. La receta política del Gobierno es destruir la producción.
La propaganda gubernamental dirá que el alza de precios se debe a los monopolios y a las grandes empresas. Sabemos que la raíz del problema está en su destructiva gestión.
