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En pocas semanas, se cerrará el menú de opciones con miras a los comicios generales de abril del 2026. Ello, porque, según los plazos electorales vigentes, para la primera quincena de julio, quien aspire a un puesto de elección popular deberá estar inscrito en una agrupación política reconocida en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) que gestiona el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
2026, el estreno. Por José Carlos Requena ( ilustración: Victor Aguilar Rúa)
Así, y exceptuando un eventual colapso del régimen que altere el calendario electoral (algo poco probable, al menos en el corto plazo, aunque no descartado en el mediano y en el largo), los comicios del 2026 podrían entrar en escena en muy poco tiempo. Un drama con muchos ‘spoilers’, como se verá a continuación.
El elenco, por lo pronto, está casi definido, al menos en lo referido a los grupos. Veintisiete partidos cuentan con registro en el ROP, una cifra inédita. Solo como referente, en el 2021, hubo 18 candidaturas presidenciales y, en el 2016, diez. Organizar el debate será un verdadero dolor de cabeza. Además, los nombres irán cayendo por su propio peso. Un caso notorio es el de Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica y reciente jale del PPC.
El libreto bien podría ser un refrito de las coyunturas electorales de 1990 y el 2021, cargadas de impaciencia social –crisis de inseguridad, percepción de alta corrupción, malestar económico–, como sugerí en esta columna hace algunos meses (El Comercio, 18/1/2024).
El desenlace, entonces, podría ser muy similar: la búsqueda de alternativas novedosas en una oferta electoral limitada. El principal agregado es el de una creciente fragmentación, que en el 2021 permitió que diez partidos obtuvieran escaños en el Parlamento. Ahora, con el retorno a la bicameralidad, se tendrá a más actores con poder de decisión, lo que inevitablemente suscitará subtramas con desenlaces imprevistos.
En lo inmediato, también se originarán cambios relevantes. En materia de gestión gubernamental, por ejemplo, un Ejecutivo con menos presión por resultados y en inferioridad de condiciones frente al Legislativo dará margen al fortalecimiento del parlamentarismo, en detrimento de la figura presidencial (que ha perdido mucho peso en los últimos años). Si, además, como es el caso actual, se tiene una presidencia impopular, el protagonismo del Congreso será aún mayor.
Irónicamente, al quitarle fuerza, también le resta estrés: el ‘lame duck’ que suele liderar el país entre abril y junio del último año haría su aparición anticipadamente. Así, el gobierno encabezado por la presidenta Dina Boluarte se liberará de la presión por mostrar resultados.
Con tal panorama, un eventual adelanto de elecciones sería un mero formalismo. En los hechos, en pocas semanas, el país ingresará a un nuevo año electoral, aunque se tratará de un estreno que no terminará de enganchar a sus espectadores.
